No al golpe de Estado

Por: José G. Hernández

Colombia es una república unitaria, soberana, democrática, participativa y pluralista. Así la define el artículo 1 de la Constitución. El 40 declara que todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, para cuyo efecto se le garantiza, entre otros, el derecho primordial a elegir y ser elegido.

En cuanto hace al presidente de la República, cabeza de la rama ejecutiva. Dispone el artículo 190 que “será elegido para un período de cuatro años, por la mitad más uno de los votos que, de manera secreta y directa, depositen los ciudadanos en la fecha y con las formalidades que determine la ley”. Hoy, la reelección presidencial está prohibida (Acto Legislativo 2 de 2015) 

Con independencia de la orientación política de quien ha sido elegido por el pueblo para desempeñarse durante cuatro años como jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa, y aparte de si se está de acuerdo o en desacuerdo con sus ideas, convicciones, programas y decisiones, el ciudadano que ha sido investido por el voto popular “simboliza la unidad nacional y al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos”, como lo proclama el artículo 188 de la Constitución. 

Es muy grave para nuestro Estado democrático lo que se ha venido conociendo acerca de una posible conspiración -en la que estarían participando colombianos y extranjeros-, con miras a perpetrar un golpe de Estado contra el presidente colombiano.

No es solamente contra la persona del presidente. Lo que está de por medio es primordialmente la soberanía -que reside en el pueblo-, la vigencia del sistema democrático, la subsistencia del ordenamiento constitucional al que nos hemos acogido.

La oposición, la protesta, la crítica al presidente y al Gobierno, la controversia, el ejercicio del control político, legislativo y judicial sobre el Ejecutivo, sus actos y proyectos, así como la responsabilidad política y jurídica de los gobernantes...son elementos democráticos, derechos e instrumentos plenamente garantizados en Colombia. Todos debemos estar -y estamos- en la posibilidad -cierta, protegida y libre- de acudir a ellos y de ejercerlos en la democracia, por los canales que ella indica y dentro de las reglas señaladas en la normatividad.

Por el contrario, las propuestas y tramas de golpe de Estado, que provocarían el desconocimiento de lo decidido por el pueblo en las urnas y la ruptura de la estabilidad institucional, la traición a los valores y postulados democráticos, no son otra cosa que delitos de la mayor gravedad, intolerables en un sistema como el nuestro. Deben ser rechazadas sin vacilación y de plano. Son conductas delictivas, cuya investigación debe proceder de inmediato por parte de los órganos competentes.

Como lo declaró la Constitución, a nombre del pueblo, con ella se buscó fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, pero “dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo”. Nada justifica la destrucción de nuestra democracia.