Libertad de expresión y poder presidencial

El reciente debate sobre las alocuciones del presidente Gustavo Petro y el papel de los organismos de control que buscan regular su uso de los medios públicos, ha puesto sobre la mesa un tema esencial para toda democracia: los límites y responsabilidades de la libertad de expresión cuando se ejerce desde el poder; en esta época que esa comunicación política se desarrolla de forma inmediata, emocional y con gran alcance, el derecho del mandatario a dirigirse directamente al pueblo debe armonizarse con la necesidad de mantener la equidad informativa y el equilibrio institucional.

El presidente ha defendido su participación mediática como una manifestación de la democracia participativa, señalando que los ciudadanos tienen derecho a escuchar de primera mano a quien eligieron. Sin embargo, organismos como el Consejo de Estado y la Comisión de Regulación de Comunicaciones recuerdan que los espacios oficiales requieren reglas claras para evitar un uso partidista o excesivo de los medios públicos.

No se trata de limitar la voz de quien gobierna, sino de asegurar que todas las voces puedan ser escuchadas. La libertad de expresión, cuando proviene del Ejecutivo, conlleva una responsabilidad adicional: la de garantizar que la tribuna institucional no se convierta en escenario de confrontación, ni en instrumento de propaganda; en las democracias más consolidadas, las intervenciones presidenciales suelen regirse por protocolos definidos que establecen frecuencia, contenido y canales adecuados, permitiendo un equilibrio entre información, transparencia y pluralidad.

El verdadero problema, entonces, no radica en la existencia de las alocuciones, sino en la falta de consensos sobre sus reglas. Sin claridad normativa, cada aparición pública puede interpretarse, como un ejercicio de poder más que como un acto de comunicación legítima. Por ello, el camino no está en imponer restricciones, sino en construir acuerdos.

Una alternativa razonable sería la creación del protocolo de comunicación institucional concertado entre Presidencia, Comisión de Regulación, medios de comunicación -públicos y privados- y representantes de la sociedad civil. Dicho instrumento podría establecer límites temporales, criterios de pertinencia y mecanismos de verificación, asegurando que la información transmitida responda al interés general. Además, el Congreso podría actualizar la Ley de Medios Públicos para incorporar la nueva realidad digital, garantizando que los ciudadanos reciban información plural sin menoscabar el derecho de expresión de los líderes políticos.

El debate actual no debe entenderse como un choque entre libertad y control, sino como una oportunidad para fortalecer la madurez comunicativa de nuestra democracia. Un Estado fuerte no necesita silenciar voces, pero tampoco debe permitir que una sola pueda eclipsar las demás. El equilibrio, como en todo acto democrático, se construye con serenidad, diálogo y responsabilidad.

Coda- Me informan que el señor Presidente acaba de relevar del cargo al general Carlos Fernando Triana, director general de la Policía. Disposición que comentaremos próximamente.