Las marchas del dieciocho

Por: Luis E. Gilibert

Como colombiano que ha dedicado su vida al servicio y la seguridad de la nación, observo con inquietud las recientes movilizaciones convocadas desde el Gobierno, pues estas marchas lejos de fortalecer la democracia pueden convertirse en instrumentos de presión política que afectan la estabilidad institucional, la economía y el orden público, convirtiéndose en un precedente preocupante para la nación.

La seguridad y el bienestar ciudadano deben ser la prioridad de cualquier Administración. Sin embargo, la convocatoria a un día cívico para fomentar la asistencia a las marchas generó un efecto contrario: alcaldes de diversas ciudades decidieron no sumarse a la iniciativa, priorizando la normalidad en las actividades laborales y comerciales. Esta falta de cohesión entre administraciones no solo evidenció divisiones internas, sino que también sumió a la ciudadanía en un ambiente de incertidumbre y confusión.

Como era de esperarse, las movilizaciones impactaron de manera negativa la movilidad en las principales ciudades: bloqueos y congestiones afectaron el comercio y la cotidianidad de los ciudadanos, generando un malestar urbano.

En calidad de servidor público y testigo de innumerables jornadas de protesta, puedo afirmar que el desorden en las calles no solo dificulta la vida diaria, sino que abre la puerta a actos de vandalismo y delincuencia. Situaciones que, en su mayoría, terminan por distraer a las fuerzas del orden de sus funciones primordiales: la defensa de la vida, la honra y los bienes de la ciudadanía.

Otro aspecto preocupante fue la restricción del acceso peatonal al centro histórico de Bogotá. Como defensor del orden y la institucionalidad no puedo dejar de señalar la contradicción entre el discurso de un Gobierno que se proclama abierto y participativo, y la decisión de cerrar calles y edificios emblemáticos, afectando directamente a comerciantes, trabajadores y ciudadanos en general.

Estas marchas reflejan una estrategia peligrosa para la democracia; en un sistema institucional sólido, el diálogo y el respeto por las instancias establecidas deben ser la base de cualquier reforma. Insistir en la movilización como herramienta de presión genera polarización y transmite un mensaje preocupante: que las decisiones tomadas en la calle pueden tener más peso que aquellas discutidas en los escenarios democráticos legítimos.

El Gobierno siempre contará con mecanismos más nobles y altruistas para llegar al ciudadano, como la pedagogía, el liderazgo ejemplar y la obtención de respaldo mediante resultados concretos. Llamando a la movilización popular como estrategia recurrente, se corre el riesgo de desgastar a la ciudadanía y socavar la confianza en las instituciones.

 Nuestra lucha como sociedad debe darse con herramientas dignas, observando el marco del respeto a la ley y la democracia, ya que una nobleza administrativa entraña la persuasión basada en hechos. El compromiso permanente y la transparencia en la gestión son los verdaderos caminos para ganar el respaldo popular y fortalecer nuestra nación.