La verdad, otra víctima

Por: Jaime Arrubla

Se cumplen cuarenta años de la cruenta toma del Palacio de Justicia a manos del grupo terrorista M-19, que fue apenas el principio de un permanente ataque a la independencia judicial que aún no ha cesado.

En Colombia, en las últimas décadas el sistema judicial ha sido blanco de ataques directos a su independencia.  El narcotráfico, la delincuencia organizada, este mal corruptor de la sociedad y de la democracia, que se incrustó en nuestra sociedad hace más de cuarenta años, se dio a la tarea de atacar violentamente al poder judicial, buscando impunidad para su execrable crimen contra la humanidad.   Vimos en Medellín, correr por sus calles sangre de jueces, funcionarios honestos y cumplidores de su deber, que adelantaban los procesos contra esos grupos delincuenciales.

Pero el genocidio contra la justicia y sus servidores apenas comenzaba. Tuvo su máxima expresión en el fatídico noviembre de hace cuarenta años, cuando el grupo terrorista del M-19, en asocio con los carteles de la droga, se tomaron el edificio del Palacio de Justicia en Bogotá, al parecer buscando los expedientes de extradición, bajo pretexto de hacer un juicio al Presidente. Al parecer las autoridades lo sabían, dejaron que transcurriera, quitaron ese día la seguridad del palacio, para atrapar a los guerrilleros como en trampa de ratón y se armó un combate a fuerza cabal.

No importaron las súplicas del presidente de la Corte para detener el fuego, según el reporte oficial “se salvaron las instituciones”; pero murieron once magistrados de la Corte Suprema y cien personas más del personal al servicio de la justicia entre el fuego cruzado entre los chacales de la guerra, disparando entre jueces desarmados. Otra vez corrió sangre de jueces en Colombia.

Pero aquí no paran los ataques contra la independencia de los jueces. Cuando la Corte aborda el conocimiento de procesos contra aforados, por el escándalo de la parapolítica; nuevamente comienzan las presiones contra su independencia.    Viene el terrorífico episodio de las “chuzadas”, interceptaciones a los teléfonos de los magistrados, de sus familias, micrófonos en la Sala Plena, soborno a las empleadas para que los instalaran; tildan a los magistrados de guerrilleros, de subversivos, únicamente por cumplir con su deber. Las Naciones Unidas, se pronuncian calificando este episodio como acto de tortura contra los jueces colombianos. 

Ya en tiempos más recientes, nos escandalizamos, cuando desde la Casa de Nariño se agitaban las hordas populares y se les incitaba a asaltar la Corte, presionando una elección de Fiscal General.  Otra vez se estremeció el alma de la justicia colombiana al ver atacadas las instalaciones de la Corte Suprema, enfrentándola contra el pueblo, cuya convivencia pacífica procura. 

Los ataques contra justicia y su independencia son una constante permanente en nuestro país.  El M-19 se indultó, incluso por delitos de lesa humanidad que no  lo permiten. No hubo justicia, ni reparación, ni promesa de no repetición, pero lo más grave, todavía no han contado la verdad de lo ocurrido.