La sombra de la descertificación

Quisiera aclarar que el término descertificación tiene un alcance superior en lo jurídico o administrativo. En el ámbito internacional, es un instrumento que Estados Unidos aplica a los países que, pese a haber suscrito compromisos de lucha contra el narcotráfico, no cumplen de manera satisfactoria con sus responsabilidades; para Colombia, que ha mantenido durante décadas una relación estrecha de cooperación política y militar con ese país, ser descertificada representa un escenario complejo con efectos múltiples.

Desde la perspectiva política, el impacto es inmediato ya que una decisión de Washington en ese sentido es percibida como señal de debilidad institucional y falta de resultados, lo que afecta la credibilidad de Colombia en foros internacionales y limitaría la capacidad diplomática para gestionar alianzas en un momento en el que el país necesita respaldo externo. También se genera un ambiente interno difícil: la oposición lo interpretará como prueba de ineficiencia gubernamental, mientras el oficialismo se verá en la obligación de responder bajo presión.

Las repercusiones económicas serán de alto impacto, ya que una descertificación implicaría la reducción, o incluso suspensión, de ayuda norteamericana destinada a programas de sustitución de cultivos y desarrollo alternativo en zonas cocaleras.

Miles de familias campesinas quedaran desprotegidas, aumentando la vulnerabilidad de estas comunidades frente a economías ilícitas, además, el riesgo de sanciones comerciales colocara en aprietos sectores estratégicos como las exportaciones de flores, café y textiles, pilares fundamentales de nuestra economía. Incluso el turismo, que ha crecido en ciudades como Cartagena, Medellín o Santa Marta, se verá afectado por una percepción negativa que desincentive la llegada de visitantes.

En materia de seguridad, las implicaciones son aún más profundas. Colombia ha contado con apoyo estadounidense en tecnología, inteligencia, entrenamiento y recursos que han fortalecido la capacidad de nuestra fuerza pública para enfrentar organizaciones criminales y redes de narcotráfico.

Una reducción en este acompañamiento debilitara nuestra respuesta operativa, favoreciendo a estructuras que se nutren de la ilegalidad, este no sería solo un desafío interno: tendrá también repercusiones en la seguridad regional, pues un retroceso en los avances alcanzados afectara al hemisferio en su conjunto.

Conviene recordar que, con todos sus aciertos y críticas, el Plan Colombia y los mecanismos de cooperación bilateral, permitieron a nuestro país reforzar sus instituciones y evitar que el narcotráfico minará, de manera irreversible, el orden estatal. Romper esa alianza por falta de resultados mostraría un retroceso lamentable.

La descertificación no debe entenderse como un desenlace inevitable, sino como una alerta que exige redoblar esfuerzos, fortalecer políticas y demostrar que la lucha contra el narcotráfico sigue siendo un compromiso compartido con la comunidad internacional.