La seguridad como bandera política

En un país como Colombia, marcado por complejos desafíos sociales, económicos y de orden público, la política no puede desligarse de los temas que afectan la vida cotidiana de los ciudadanos, donde, la seguridad destaca, no solo por su relevancia histórica, sino porque constituye la base misma del desarrollo nacional; no puede haber inversión, justicia efectiva, ni educación de calidad, si no se garantiza primero un entorno seguro, sin embargo, pareciera que hemos olvidado esta verdad elemental.

La violencia que hoy golpea a miembros de la Fuerza Pública, en especial a nuestra Policía Nacional, ya no causa la misma indignación que antes. La indiferencia gubernamental y ciudadana frente al sacrificio de quienes arriesgan su vida por proteger la nuestra es un síntoma alarmante de una sociedad que ha perdido sensibilidad frente al dolor ajeno y respeto por quienes hacen cumplir la ley.

A pesar de esto, los sectores políticos siguen reconociendo -aunque a veces solo de palabra- que hoy la seguridad es el eje estructural de cualquier propuesta de gobierno, haciéndose fácil prometer seguridad en época electoral, pero difícil, y verdaderamente valioso, es construirla como una política pública integral, duradera y coherente, más allá del discurso o del oportunismo.

La percepción de seguridad, o su ausencia, influye directamente en el comportamiento de la sociedad; cuando una familia puede desplazar en todo sentido sin temor, cuando un empresario puede invertir con confianza y un joven puede caminar sin miedo, florece la esperanza, pero cuando reina el desorden, se propaga el miedo que paraliza el progreso. Por eso insisto en que lograr una seguridad verdadera y sostenible requiere algo más que presencia policial, se necesita coordinación entre gobierno, sociedad civil, justicia y, por supuesto, nuestra policial.

Esta institución, que conozco profundamente y que representa el espíritu de servicio, debe ser fortalecida, valorada y respetada, evitando a toda costa, promover organizaciones improvisadas que puedan interferir en su misionalidad, desfigurando su filosofía y doctrina, centrada en la observancia de los derechos humanos y defensa social.

La seguridad no puede ser reducida a una simple herramienta electoral, ni a discursos de populismo punitivo, debe convertirse en un compromiso nacional que incluya prevención, intervención social, fortalecimiento institucional, educación cívica y, por encima de todo, respeto irrestricto a los derechos humanos.

Colombia necesita una seguridad construida desde el consenso social, no impuesta por la fuerza, una seguridad basada en la ley, en la confianza y en la legitimidad de sus instituciones. Solo así lograremos la paz verdadera, la prosperidad duradera y el bienestar que todos anhelamos. La seguridad no debe ser una bandera que se alza en campaña y se guarda tras la elección, debe ser un compromiso permanente y compartido, ese es el camino hacia el país justo y en paz que merecemos los colombianos.