La protesta social

Las recientes elecciones al Congreso colombiano arrojaron llamativos resultados, mantienen el estatus quo político actual: Elección de personas sin preparación política y académica, gracias al voto en masa por listas cerradas donde al igual que las morcillas, parangonando al Dr. Álvaro Gómez Hurtado (1919-1995) en la Provincia santandereana de Soto Norte, “Saben bien pero no gustan cuando se sabe cómo se hacen”.

Por León Ferreira

He ahí uno de los grandes problemas de la democracia, la masa acrítica que vota o decide de bulto sin racionalizar. Prueba de ello también, la protesta social, entendida como derecho fundamental de la sociedad civil para que colectivos puedan reunirse de manera pacífica y hacer contrapeso al poder, una vez se han agotado los mecanismos formales para el reclamo; reconocida entre otros instrumentos, por la Convención Americana de los Derechos Humanos y la Constitución Política colombiana en su Artículo 37, lo que en el papel se lee bien.

La protesta social no es un problema perse, se convierte en problema cuando su uso se hace de manera desbordada para trastornar la vida normal del colectivo y afectar el diario discurrir de la ciudadanía en general. En otras palabras, como no nos escuchan vamos a afectar a los demás. Verbo y gracia, en Bogotá es frecuente las tomas de las vías del Transmilenio y la Avenida El Dorado. Simplemente, bastan 10 personas para alterar la vida de 10 millones que habitan la Capital, casos similares abundan por doquier.

La protesta social debe tener límites. El ejercicio del denominado derecho fundamental a la protesta implica el ejercicio de libertades como las de asociación, reunión y expresión, estas libertades como toda libertad no pueden ser absolutas. No basta que, la protesta social sea pacífica, por lo general muta en violentas tomas terroristas ciudadanas como las vividas en Latinoamérica entre 2020 y 2021 que sirvieron de pretexto para hurtos, violaciones, atracos, destrucción de propiedad pública y privada y, hasta homicidios, lo que contó con muchos patrocinadores progrecomunistas que terminaron impunemente en gestores de paz. La protesta social no puede ser una patente de corso para el miedo y el caos ciudadano, como suele suceder con los llamados “capuchos” que hacen de las suyas en las universidades públicas sin que nadie los detenga, hicieron de ello un modo de vida universitaria.

Cuando la protesta se realice en espacio público debería ser anunciada con suficiente antelación y contar con autorización gubernamental. No tiene presentación que un viajero pierda un vuelo internacional o un estudiante sus clases porque un grupo de ciudadanos se toma una vía pública para llamar la atención. Entre otros aspectos, la protesta social además de ser pacífica ha de parecerlo, por lo tanto, no deberían protestar quienes ocultan sus rostros tras máscaras, porten escudos, caucheras, explosivos caseros, bastones y hasta los autodenominados “guardias” que asumen conductas paramilitares al secuestrar soldados frente al asombro ciudadano.

La protesta social debería tener horario. Jamás poner en riesgo la vida y los derechos de los demás ciudadanos. Cuando la protesta social privilegia los derechos de quienes protestan por sobre todos los de los demás, deja de ser protesta para convertirse en asonada ¿Protestar justifica vandalizar para destruir bienes y propiedad ajena por medios del caos? ¿Tiene derecho el protestante social para desconocer la autoridad legítimamente constituida? Resulta tan rentable la susodicha protesta social que, hay quienes asesoran y prestan logística. La protesta social no tiene contención, eliminaron el ESMAD.

Ojalá el nuevo Congreso, iniciará sesiones el próximo 20 de julio, de una vez por todas, legisle sobre la protesta social para establecerle límites claros y precisos, con el fin que, no continúe siendo muchas veces, un pretexto para el terrorismo urbano y rural bajo el cariz de derecho fundamental. Manos a la obra señores nuevos congresistas.