La paz no puede ser sinónimo de impunidad

En la historia reciente de Colombia, la palabra “paz” ha sido invocada con fervor, pero también con profunda confusión. La estrategia de paz total promovida por el actual gobierno ha abierto un debate urgente sobre el equilibrio entre reconciliación y justicia, ¿Estamos, acaso, sacrificando nuestra institucionalidad y la dignidad de las víctimas en nombre de una paz poco dinamizada y que aún no se materializa?

Los hechos son preocupantes. La sorprendente suspensión de extradiciones y los beneficios jurídicos otorgados a cabecillas de organizaciones criminales, como el caso de alias “Moncho Olmedo” y la participación de “Pinocho” en negociaciones oficiales, no solo desdibujan las fronteras entre lo legal y lo ilegal, sino que socaban la confianza pública en el sistema de justicia.

También, la imagen de jefes criminales en tarimas públicas aplaudidos como actores válidos del proceso de paz, que tanto ha molestado, encendiendo una mecha de dignidad nacional, envía un mensaje profundamente, contradictorio. El crimen organizado parece encontrar en el diálogo político una puesta de entrada a la legalidad, sin que medie un proceso de verdad serio, con reparación o condena ejemplar.

Entre 2022 y 2025, el crecimiento del 45% en el pie de fuerza en grupos armados ilegales evidencia que, mientras se habla de paz, en los territorios se impone la intimidación. El Eln ha utilizado las mesas de diálogo como tregua estratégica para fortalecer su control territorial mediante bloqueos, explosiones y expansión del narcotráfico. Esto no es paz. Es la configuración del poder criminal bajo la sombra. del discurso gubernamental.

La voz de las curules de paz, elegidas en las regiones más golpeadas por la violencia, es clara: el Estado no ha cumplido sus promesas, las comunidades siguen desprotegidas, las fosas comunes apareciendo, y los líderes sociales son asesinados con alarmante impunidad.

La paradoja de la paz total revelada en informes recientes es innegable, disminuye en conflicto armado en las estadísticas, pero aumenta el poder económico y operativo de las bandas criminales.

Como sociedad debemos hacernos unas preguntas esenciales ¿Cuántos privilegios está dispuesto a conceder el Estado a cambio de una paz incierta? ¿Estamos dispuestos a renunciar a la cárcel para ciertos criminales? No se trata de oponerse al diálogo, sino de exigir que este se base en principios no en concesiones incondicionales. La justicia no puede ser moneda de cambio, las victimas mercan respeto, no un silencio pactado que absuelve a sus verdugos. La paz verdadera exige sacrificios, sí, pero no exige renuncia a la ley. No puede haber paz sin justicia, y no puede haber justicia si quienes infringieron la ley terminan riéndose del Estado desde tarimas.

Es hora de decirlo con claridad: Colombia merece una paz digna, no paz con impunidad.