La marcha del silencio o la decisión de recuperar la nación

Hay actos en la vida de los pueblos que son determinantes en su camino hacia el futuro. Uno de esos es la marcha del silencio del domingo pasado. Fue la decisión libre de miles de colombianos de decir no a la violencia como forma de hacer política. De condenar el atentado aleve contra el senador Miguel Uribe Turbay, hoy precandidato presidencial. De condenar los atentados contra la sociedad en departamentos como el Cauca, el Valle, Nariño, Norte de Santander, Antioquia…De condenar el asesinato de líderes sociales, agentes de policía y de integrantes de las fuerzas militares. De exigir al gobierno garantías de seguridad en la integridad y la vida de los ciudadanos.

Además, porque no podemos dejar que al país lo lleven nuevamente a etapas de violencia indiscriminada que pongan en riesgo la estabilidad social y la seguridad, la vida y los bienes de sus ciudadanos.

Los colombianos por abrumadora mayoría, decidimos en 1991 darnos una nueva constitución. Un conjunto de normas que aceptamos voluntariamente cumplir para garantizar la convivencia entre todos los sectores sociales de la nación. Respetar esas normas son requisitos fundamentales para la estabilidad social.

Podemos y debemos ser diferentes sin ser enemigos. Hay que confrontar mediante el diálogo constructivo, construyendo un país en el que quepamos todos, dirimiendo las diferencias usando los métodos de la democracia. Las decisiones se toman por mayoría, respetando siempre el derecho de las minorías a expresarse con libertad, pero con la obligación de acatar lo decidido.

En la evolución de las sociedades se probarán todas las propuestas de todos los sectores sociales, que deberán someterse al veredicto de la práctica. Lo que funcione se mantiene, lo que obstaculice se cambia. Siempre manteniendo el instrumento de la democracia, bajo las reglas establecidas en el ordenamiento constitucional y legal, como el mecanismo para funcionar.

Hoy el país está enfrentado a una situación de quiebre institucional. Las normas que nos rigen están en peligro por la pretensión del gobierno de mantener su proyecto político sin respetar el ordenamiento jurídico establecido. La convocatoria de una consulta popular por el ejecutivo sin respetar las normas, con el control debido de los otros poderes públicos, especialmente el legislativo y el judicial, pone en riesgo la estabilidad institucional del país.

La marcha del domingo no fue solo el levantamiento de la voz contra el desbordamiento de la violencia en sus expresiones más crudas, sino el reclamo a todos los poderes establecidos, particularmente al ejecutivo de su obligación de respetar esas normas comunes que nos rigen.

La defensa de la Constitución de 1991 es la piedra de toque que diferencia a quienes defendemos la democracia de quienes la ponen en peligro. Aquí no puede haber vacilaciones: está en juego el futuro del país.