La mala hora de Petro en su laberinto

El Presidente de Colombia, Gustavo Francisco Petro Urrego, exhibe una contradicción moral insostenible. Su retórica sobre la humanidad y la paz choca de frente con decisiones que favorecen la militarización y que sacrifican coherencia ética en beneficio de estándares políticos.

El Gobierno autorizó la compra de diecisiete aviones de combate por 16,5 billones de pesos en un momento en que la red de salud atraviesa una crisis severa y los servicios públicos registran déficits notorios.

Esa inversión redefine prioridades estatales y confronta la narrativa oficial sobre la vida y la paz. El costo y la opacidad del proceso no son meras formalidades técnicas, ya que forman un problema de gobernabilidad.

La adquisición niega el relato pacifista que el Presidente propagó cuando ocupaba la oposición. El texto contractual permanece lejos del escrutinio público, lo que multiplica dudas sobre la razón de la diferencia de precio frente a compras comparables en otros países.

La coincidencia de hechos personales en el entorno presidencial ha intensificado la desconfianza. El nivel de información ofrecido, hasta ahora, no resulta suficiente para disipar la sensación de privilegio y de posible captura del interés público por agendas privadas.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo defendió operativos aéreos en los que fallecieron menores de edad en regiones como Guaviare, Caquetá y Arauca y el discurso oficial para justificar esos hechos reproduce argumentos que antes sirvieron para condenar medidas semejantes bajo la figura de oposición a administraciones anteriores.

La defensa de ataques letales mediante categorías que reducen a personas a daños colaterales contradice la idea de un Estado protector de la vida. La coherencia entre palabra y acción constituye un requisito elemental de la legitimidad democrática.

Sin transparencia y sin comprobación independiente, la discusión pública se empobrece y se transforma en un teatro del ridículo. Los ciudadanos no demandamos una discusión académica sobre la legalidad del uso de la fuerza, reclamamos  rendición de cuentas completa y verificable.

Se impone la publicación íntegra del contrato de compra, la entrega de documentos que justifiquen la necesidad técnica y operativa de la adquisición, y la evaluación de la proporcionalidad y del impacto de los operativos aéreos por parte de organismos independientes.

Corresponde al Congreso, a la Procuraduría y a la Fiscalía abrir investigaciones, ordenar auditorías y exigir la entrega de toda la documentación que respalde esta compra, porque la legitimidad gubernamental depende de esa transparencia.

Las instituciones de control deben actuar con rigor para restituir la confianza pública. Además, corresponde a la Defensoría del Pueblo y a la Contraloría practicar auditorías y permitir el acceso de la prensa a la información para difundírsela al público.

Gustavo Petro atraviesa una mala hora enredado en un laberinto con nulas posibilidades de escape, porque está abocado a afrontar sanciones administrativas o penales si se comprueba algún ilícito derivado de sus desvaríos permanentes y su falta de coherencia.