La independencia judicial

Uno de los principios sagrados de una democracia es el de la independencia de los jueces. Ello significa que el día que alguno de los miembros de la sociedad se vea envuelto en un conflicto judicial, el juez decida el caso con independencia, de acuerdo con la prueba recaudada y conforme a derecho, sin atender a criterios políticos de ninguna clase.

La disconformidad con los fallos judiciales se debe realizar a través de los recursos judiciales, respetando el principio de la doble instancia y utilizando los remedios ordinarios o extraordinarios que el sistema jurídico pone a disposición de los asociados.

En procesos judiciales de alto impacto en la opinión pública, la mejor contribución que puede hacer la ciudadanía es colocar su confianza en el sistema democrático, en la separación de poderes y en la independencia del poder judicial. Los ciudadanos debemos confiar en nuestros jueces y en que sus decisiones van a estar precedidas por la aplicación del derecho, la atención al debido proceso, fundamentadas en pruebas debidamente allegadas y siempre respetando la presunción de inocencia.

En el proceso penal que involucra como acusado a un expresidente de la república y como víctima a un senador, la Juez ha leído el sentido del fallo, bastante largo en nuestro sistema acusatorio, donde sobran los lineamientos de género, pero que al parecer se basa en las pruebas allegadas al proceso y la apreciación que se hace de ellas. La defensa no está conforme con la valoración de la prueba que se anticipó en el sentido del fallo y ya anunció que interpondrá recurso de apelación, ante el Tribunal Superior de Bogotá, a quién corresponderá confirmar o revocar la decisión.   

Lo que el Tribunal decida, es susceptible del recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia, quién a su vez podrá quebrar la sentencia si encuentra yerros trascendentes. El expresidente debe gozar de la presunción de inocencia hasta que se produzca una sentencia definitiva que haga tránsito a la cosa juzgada.

Este conflicto entre dos titanes de la política, uno de izquierda y otro de derecha, a mala hora trascendió a escenarios judiciales, donde al parecer, de pronto, una equivocada actuación de la asesoría legal dio lugar a este proceso que nunca debió haber ocurrido, porque afecta la dignidad de la República.

El sistema judicial colombiano se torna anacrónico, con altos delincuentes beneficiados por la justicia transicional, donde no pagarán penas a pesar de sus enormes delitos y el nuevo proyecto de “paz total” que llena de beneficios a delincuentes comunes, mientras un expresidente puede verse abocado a penas mayores por una cuestión menor. La consecuencia política de esta situación no se hace esperar y pone en vilo nuestros valores de justicia.

Respetar los principios democráticos es lograr que los valores de libertad, igualdad, justicia, entre otros, que inspiraron la formación de nuestra nacionalidad, imperen en nuestra sociedad actual. Cuando se viven momentos difíciles en las sociedades es cuando más se requiere que la voluntad ciudadana se manifieste dispuesta a defender esos principios.