La impuesta consulta popular

Por: Juanita Tovar Sandino

En Colombia, los grandes cambios no suelen anunciarse con estruendo, sino con ambigüedad. Basta con recordar cómo se nos ha prometido, una y otra vez, que ahora sí vendría “el gobierno del cambio”. Hoy, ese cambio parece resumirse en una Consulta Popular que, más que una herramienta de participación se percibe como una jugada de supervivencia política, con miras al 2026.

El anuncio, hecho por el Gobierno Nacional parecía en principio un gesto democrático. ¿Quién podría oponerse a escuchar al pueblo? Pero basta rascar un poco para que asomen las dudas. ¿Se trata realmente de abrir canales de participación ciudadana o de evadir los controles institucionales que han frenado las reformas del Ejecutivo? ¿Es una consulta o una provocación preelectoral disfrazada de legitimidad popular?

El país no está para juegos retóricos. Mientras se discute el calendario de la consulta, millones de colombianos siguen atrapados en un presente injusto: salarios que no alcanzan, empleos informales que precarizan la vida, un sistema pensional excluyente y un sistema de salud que funciona cada vez menos. En este contexto, el problema no es consultar a la gente. El problema es fingir que eso reemplaza la acción. Colombia no necesita un referendo simbólico, sino voluntad política para sentarse, de verdad, con empresarios, sindicatos y expertos, a trazar un camino común.

Sin embargo, lo que hemos visto no es un gobierno dispuesto a escuchar, organizado y trabajando de manera conjunta, sino un poder cada vez más atrincherado en el lenguaje del conflicto. El presidente Petro ha elevado la confrontación a su máxima expresión: quienes lo critican son “fascistas”, quienes lo frenan, “enemigos del pueblo”. Esta forma de nombrar al otro no es solo irresponsable: es peligrosa. Porque en democracia, disentir no convierte a nadie en traidor. Cuando el jefe de Estado usa el lenguaje como garrote, no está defendiendo sus ideas, está debilitando las bases del pacto democrático.

Atacar a la Corte Suprema, al Consejo de Estado o a la Procuraduría desde la plaza pública no es una muestra de coraje, es un acto de demolición institucional. Y los escombros no caerán sobre el gobierno, sino sobre todos los ciudadanos que confían en que alguien, más allá del Ejecutivo, ponga límites al poder. La democracia no funciona sin controles. Y gobernar no es imponer.

Cada vez más colombianos sienten que el gobierno prefiere buscar culpables antes que soluciones. Cuando una reforma no pasa, no es por falta de argumentos, sino por culpa de “la oligarquía”. Cuando hay oposición, no es legítima, sino “facciosa”. Pero gobernar exige asumir responsabilidades, y transformar exige algo más que discursos incendiarios: requiere acuerdos.

En ese sentido, la Consulta Popular corre el riesgo de convertirse en un capítulo más de nuestra polarización crónica. Si fuera una herramienta para recoger ideas y mejorar políticas públicas, tendría todo el sentido. Pero si se convierte en un instrumento para presionar a la justicia o avivar la campaña de 2026, estaremos ante una manipulación peligrosa de un mecanismo democrático.

Lo que Colombia necesita en este momento no es más confrontación, sino liderazgos que apuesten por el diálogo. Los expresidentes, las fuerzas políticas, la sociedad civil y, por supuesto, el gobierno, tienen la obligación de buscar puntos de encuentro. Las reformas son necesarias, pero no a cualquier costo. El primer mandatario debe entender que su papel no es el de un agitador, sino el de un conciliador; que su deber no es hostigar a las instituciones, sino trabajar con ellas.

Al final, lo que queda en evidencia es que el país no se construye desde la imposición ni desde el insulto, sino desde el reconocimiento del otro, lo que el presidente tanto prometió en campaña. Si el gobierno insiste en su estrategia de polarización, lo único que logrará es profundizar las divisiones y postergar las soluciones que tanto necesita el trabajador colombiano.