La extradición que tanto luchamos

Por: Luis E. Gilibert

Colombia ha librado una de las guerras más cruentas del continente: la lucha contra el narcotráfico. No ha sido una batalla simbólica, sino una confrontación real, dolorosa, con miles de víctimas entre servidores públicos, ciudadanos inocentes y líderes comprometidos con el bien común.

Desde los años más oscuros del narcoterrorismo hasta hoy, las organizaciones criminales han mutado, pero su esencia destructiva persiste y frente a esa amenaza constante, la extradición ha sido una de nuestras armas más firmes, efectivas y temidas por los criminales; fue muy difícil lograr su aceptación en nuestro país ya que fuerzas oscuras la combatieron y estigmatizaron, pero el tiempo dio la razón y quedo demostrado que es la más adecuada en defensa del orden.

Hablar de extradición es hablar de justicia sin fronteras, de cooperación internacional, de una herramienta jurídica que no sólo aísla a los jefes del narcotráfico de su red de poder, sino que envía al mundo un mensaje claro: Colombia no tolera la impunidad. Fue precisamente por ese principio que se libraron luchas memorables contra los carteles del narcotráfico que buscaron, por todos los medios a su alcance, evitar la extradición en nuestra patria. Recordemos el sacrificio del ministro de justicia Rodrigo Lara Bonilla, cuya muerte marcó a fuego nuestra historia y reafirmó la necesidad de esta herramienta.

Por eso, resulta profundamente preocupante que hoy, desde las propias entrañas del Gobierno nacional, se cuestione y se pretenda suspender la extradición para ciertos actores armados vinculados al narcotráfico. Las recientes declaraciones del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, sobre la suspensión de extradiciones hacia Estados Unidos a miembros de grupos guerrilleros en procesos de paz, constituyen un grave error de Estado.

La paz es un anhelo legítimo, pero la paz verdadera se construye sobre la base de la verdad, la justicia y el respeto por las víctimas, no sobre privilegios ni concesiones a quienes han financiado su guerra con el producto del narcotráfico en toda su extensión y modalidades. Suspender la extradición en nombre del diálogo debilita nuestra credibilidad internacional, nos hace retroceder décadas en la lucha contra el crimen y envía una peligrosa señal de permisividad.

Una decisión de este calibre no sólo es temeraria, es también una afrenta a las instituciones incluida la fuerza pública que han combatido, con sacrificio y entrega, a las mafias del narcotráfico, no puede ser que, mientras los criminales se transforman, el Estado se diluya.

La extradición no debe ser moneda de cambio en negociaciones políticas, es un principio, una línea roja que protege nuestra soberanía, nuestra justicia y nuestra dignidad como nación. Renunciar a ella sería renunciar al Estado de Derecho. Colombia no puede darse ese lujo, la historia nos lo exige, las víctimas nos lo reclaman. Y la patria nos lo agradecerá.