La Comunidad Andina de Naciones (CAN) le puso ultimátum a Colombia y Ecuador

El bloque regional dictó tres resoluciones que obligan a los dos países a desmontar las medidas que han hundido más del 70% del comercio bilateral y puesto en riesgo miles de empleos a lado y lado de la frontera.

Un organismo regional rara vez actúa con tanta contundencia. Pero la Comunidad Andina de Naciones (CAN) lo hizo: a través de las resoluciones 2581, 2582 y 2583 de su Secretaría General, exigió formalmente a Colombia y Ecuador eliminar los aranceles y restricciones fronterizas que desencadenaron uno de los conflictos comerciales más graves entre dos países vecinos en los últimos años. El plazo es de apenas 10 días.

El organismo fue claro en su diagnóstico: estas medidas vulneran el Acuerdo de Cartagena, firmado en 1969, y van en contra del Programa de Liberación Comercial que rige entre los países miembros del bloque, conformado por Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú. La CAN solo puede ejercer este tipo de presión sobre sus propios integrantes, lo que hace esta orden especialmente significativa.

Las cifras del desastre

Los números explican la urgencia. El secretario general de la CAN, Gonzalo Gutiérrez Reinel, reveló que en 2024 Colombia exportó al interior del bloque bienes por US$3.197 millones, beneficiando a cerca de 3.540 empresas, en su mayoría Mipymes. Ecuador, por su parte, exportó US$2.033 millones, con aproximadamente 1.220 empresas exportadoras.

Pero desde que estalló el conflicto arancelario, ese flujo se desplomó. Las pérdidas ya superan los US$340 millones y el comercio bilateral cayó más del 70%. Más de 2.600 empresas colombianas y 2.000 ecuatorianas reportan afectaciones directas.

Fronteras que sangran

El impacto no es solo estadístico. En el terreno, las comunidades fronterizas lo sienten de forma brutal. En Putumayo, las pérdidas ya rozan los US$21 millones mensuales. En Nariño, más del 90% de los transportistas reportan caídas en su actividad. Al otro lado de la frontera, en la provincia ecuatoriana del Carchi, hay hasta 6.500 empleos en riesgo.

El corredor Ipiales-Tulcán, por donde antes circulaban cerca de US$5,5 millones diarios, hoy registra una contracción logística sin precedentes. Y como suele ocurrir cuando el comercio formal colapsa, el contrabando tomó su lugar: en algunas zonas ha crecido hasta un 70%.

Gutiérrez Reinel, secretario General de la Comunidad Andina fue directo al exponer la posición del organismo:

"Todo ello refuerza la necesidad de abordar de manera enérgica y coordinada los desafíos de seguridad y la lucha contra el narcotráfico, pero sin afectar el comercio regional, ya que un enfoque distinto puede resultar contraproducente para todos."

La frase resume la tensión de fondo: Colombia argumentó razones de seguridad para imponer las restricciones, pero la CAN le recuerda que proteger la frontera no puede hacerse a costa de destruir la economía de quienes viven en ella.

Vale anotar que en las últimas semanas Ecuador llegó a amenazar con retirarse de la CAN y acercarse al Mercosur, lo que añade una capa de urgencia política a una crisis que ya era económicamente insostenible.