La CIDH denuncia crímenes de lesa humanidad y represión sistemática del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua

En su informe anual, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció que el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua ejecuta un plan deliberado y sistemático para perpetuarse en el poder, mediante la represión, la concentración total del poder estatal y la eliminación de toda forma de disidencia política, religiosa y social. El documento responsabiliza directamente al mandatario nicaragüense por crímenes de lesa humanidad cometidos contra dirigentes opositores, periodistas, defensores de derechos humanos y representantes de la Iglesia Católica.

La CIDH advierte que, en Nicaragua, "no existen condiciones para que la sociedad civil participe de la vida social y política de manera libre y segura". Según el organismo, durante el año 2024 se profundizó la represión a través de nuevas reformas constitucionales, la disolución masiva de organizaciones no gubernamentales y la consolidación de un modelo autoritario que subordina todos los poderes del Estado al Ejecutivo.

Entre las reformas más preocupantes está la creación de un modelo de “democracia directa” que otorga amplios poderes al presidente y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, ahora también co-presidenta. Esta modificación elimina la separación de poderes y permite al Ejecutivo destituir discrecionalmente a funcionarios públicos que no se alineen con los postulados del régimen. La Corte Suprema de Justicia también sufrió un recorte en su estructura y funciones, reforzando su dependencia del poder presidencial.

Además, la CIDH reportó más de 1.600 ONG afectadas por la cancelación de su personería jurídica solo en 2024, entre ellas más de 500 organizaciones religiosas. Desde 2018, han sido disueltas más de 5.000 asociaciones civiles, lo cual ha desmantelado la capacidad de acción de la sociedad civil. Esto ha obligado a decenas de activistas y organizaciones a continuar su labor desde el exilio.

El informe también documenta la persistencia de detenciones arbitrarias con fines políticos, la existencia de condiciones inhumanas en los centros de detención y el uso de la tortura, incluyendo violencia sexual, contra los prisioneros. Más de 40 personas privadas de la libertad recibieron medidas cautelares por parte de la CIDH debido al riesgo extremo a su vida e integridad.

La Iglesia Católica, una de las instituciones más críticas con el gobierno de Ortega, ha sido objeto de persecución, vigilancia, detenciones arbitrarias y destierros. Además, se ha cancelado la personería jurídica de congregaciones responsables de escuelas y centros educativos, afectando el derecho a la educación religiosa.

El régimen también ha intensificado su ofensiva contra la prensa. El informe denuncia un patrón sistemático de persecución a periodistas, censura a medios independientes y clausura de espacios informativos. Más de 270 periodistas han sido forzados al exilio en los últimos seis años. Las redes sociales, antes usadas como canales de expresión alternativa, ahora son vigiladas y usadas como herramientas de represión. Críticas al gobierno en línea pueden conllevar consecuencias penales.

En el contexto internacional, la CIDH señala que la reforma constitucional y las prácticas represivas violan la Carta Democrática Interamericana, al consolidar un régimen de poder absoluto que elimina cualquier vestigio de democracia representativa.

Pese a la gravedad de las denuncias, el gobierno de Daniel Ortega no ha emitido declaraciones públicas tras la publicación del informe. La comunidad internacional, en cambio, observa con creciente preocupación el deterioro de los derechos humanos en Nicaragua y la consolidación de una dictadura que opera con total impunidad.