La cédula es la espada de la DEMOCRACIA

En las paredes del Capitolio Nacional de Colombia existe una leyenda atribuida al General Francisco de Paula Santander, primer presidente constitucional de la Gran Colombia: “Las armas os han dado la independencia, las leyes os darán la libertad”. El ‘Padre de las Leyes’ tenía razón cuando se oponía a un régimen monárquico, propuesto por el Libertador Simón Bolívar durante la Convención de Ocaña de 1828, en la que fueron antagónicas las dos tendencias de la historia republicana de este país.

Lamentablemente, Colombia ha venido atravesando una situación de anarquía, donde el presidente de la república se ha convertido en un payaso que pisotea la Constitución Política de 1991, en la cual se habían adoptado normas que prohibían la reelección inmediata del presidente de la república, de los congresistas, diputados y concejales.  También se había dispuesto en la ‘Carta de Derechos’ un sistema judicial más amplio, dándole vida a nuevas instituciones como la Defensoría del Pueblo, la fiscalía general de la Nación, la creación de la ‘Corte Constitucional’ y un régimen electoral, que a la fecha ha resultado sumamente costoso para nuestras instituciones.

Entre los vacíos que dejó la Constitución Nacional de 1991, estuvo la ventana jurídica para la creación de numerosos partidos políticos, muchos de ellos con personajes siniestros, donde ninguno de los cuales responde por la suerte de la nación. La financiación de los partidos políticos, de las elecciones parlamentarias y presidenciales, y de las consultas populares, ha convertido la democracia en un negocio de aventureros, de charlatanes y de narcoguerrilleros, que tienen destrozada a Colombia.

El régimen que heredamos de la Constitución de 1991, ha venido creando una enorme burocracia oficial, con aberrantes privilegios, como el derecho de huelga en las empresas de servicios públicos. Quien lo creyera que en el departamento de Santander los sindicatos con mayores privilegios en Colombia, han paralizado los servicios de energía eléctrica en numerosos municipios y han adquirido millonarios ingresos en la Compañía del Acueducto Metropolitano, con sueldos exorbitantes que superan las capacidades financieras. Los sindicatos de la electrificadora de Santander y del acueducto de Bucaramanga, devengan mejores sueldos que los empleados y trabajadores de los hospitales públicos.  

Los funcionarios de la rama judicial, del magisterio oficial, de las empresas de energía eléctrica, de los acueductos y de las plazas de mercado no deberían formar parte de los sindicatos, que ahora gozan de toda clase de privilegios. Resulta increíble que los militares y policías, encargados de preservar el orden, no puedan ingresar a los centros universitarios de carácter oficial, como viene ocurriendo con las universidades públicas convertidas en guaridas de narcoguerrilleros, que mandan e intervienen en los comedores de los centros de enseñanza superior, dedicados a destruir los bienes de los centros de educación superior. En las grandes democracias del mundo, los empleados públicos, los educadores y trabajadores oficiales no tienen derecho a crear organizaciones sindicales, como en Colombia.