La absolución de Uribe

Cuando una sociedad decide juzgar a uno de sus expresidentes —y más aún a una figura tan polarizadora como Álvaro Uribe Vélez—, lo que está en juego no es solo la inocencia o culpabilidad de una persona, sino la confianza en las instituciones que administran justicia. La reciente decisión del Tribunal Superior de Bogotá de absolver al exmandatario, revocando la condena en su contra, marca un punto de inflexión para el sistema judicial colombiano. No solo porque corrige una sentencia que consideró deficiente, sino porque nos enfrenta a una pregunta esencial: ¿podemos seguir creyendo en la solidez de nuestras instituciones cuando los fallos de primera instancia exhiben errores tan graves?

El Tribunal fue enfático: el fallo de la jueza Sandra Heredia fue deficiente, la valoración probatoria desigual y hubo ausencia de rigor. Una afirmación que no solo desarma la sentencia previa, sino que la aplasta en su estructura argumentativa. Los magistrados señalaron que la decisión de primera instancia incurrió en errores metodológicos, vacíos probatorios y una motivación insuficiente. Se trata de un regaño judicial en toda regla, poco común en su tono y profundidad, pero necesario para restablecer el principio de legalidad y el valor de la prueba dentro del proceso penal.

Esa contundencia, sin embargo, tiene un doble filo. Por un lado, demuestra que el sistema de justicia tiene mecanismos de corrección y que una instancia superior puede enmendar los excesos o fallas de una inferior. Eso fortalece la confianza en la institucionalidad y envía un mensaje claro: los jueces no son infalibles, pero el sistema cuenta con resortes para garantizar el debido proceso. Por otro lado, deja al descubierto un problema inquietante: ¿cuántos fallos menos mediáticos incurren en los mismos errores sin que nadie los revise con el mismo rigor y bajo la lupa de todo un país? La autocrítica institucional que supone esta sentencia es saludable, pero también evidencia una fragilidad que erosiona la credibilidad ciudadana.

El Tribunal fue categórico al afirmar que no basta con la existencia de dádivas o contactos entre testigos para configurar un delito: es indispensable probar la intención dolosa, la manipulación real y el propósito ilícito. Además, cuestionó la legalidad de algunas pruebas y la credibilidad del testigo estrella, Juan Guillermo Monsalve, cuya versión —según los magistrados— carecía de consistencia y de apoyo fáctico suficiente.

Lo ocurrido con Uribe no es un triunfo personal ni una derrota de sus opositores: es una lección institucional. El mensaje más profundo de esta decisión no radica en el resultado procesal, sino en el valor del debido proceso como fundamento del Estado de derecho. La confianza en la justicia no se mide por quién gana o pierde, sino por la calidad y el rigor de las decisiones, la transparencia de los procedimientos y la independencia con que se aplican las normas. Cuando un tribunal superior corrige una sentencia con argumentos sólidos, lo que se fortalece no es una figura política, sino la credibilidad del sistema mismo.

La fortaleza de la justicia

Sin embargo, la confianza no se impone por decreto. Se construye con coherencia, con tiempos razonables, con sentencias comprensibles y con jueces que, más allá de su criterio, actúen con responsabilidad y rigor. Cada error de fondo en un proceso tan visible como el de Uribe deja una cicatriz en la percepción pública. La justicia no puede ser un campo de batalla entre bandos, sino un espacio donde la verdad se imponga por encima de las pasiones.

El fallo del Tribunal Superior de Bogotá nos recuerda que la fortaleza de la justicia no está en condenar ni en absolver, sino en hacerlo bien. Porque si algo quedó claro tras este largo proceso es que la legitimidad institucional no depende de la ideología de los jueces, sino de la calidad de su trabajo. La confianza en la justicia —esa confianza tantas veces golpeada— se gana cuando el ciudadano percibe que los errores se corrigen, las pruebas se respetan y el derecho se aplica sin miedo ni favoritismos.

En un país tan dividido, la absolución de un expresidente será siempre un tema polémico. Pero quizás el mensaje más importante que deja este episodio no es político, sino institucional: las sentencias deben ser sólidas, las pruebas incuestionables y los jueces conscientes de la enorme carga simbólica de sus decisiones. Porque la verdadera victoria, en última instancia, no está en el nombre del absuelto, sino en la solidez de la justicia para velar por los derechos de la gente.