Integridad del Presidente de la Corte Constitucional está en peligro

La democracia exige coraje, no cobardía disfrazada de indignación. La apertura de indagación, por parte de la Fiscalía General de la Nación, tras las amenazas que recibió el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, resulta obligatoria, pero lo verdaderamente imprescindible es que esa investigación no se reduzca a un gesto formal.

La Fiscalía debe perseguir responsables, identificar redes y aplicar sanciones severas contra quienes instrumentalizan la violencia verbal para socavar la independencia judicial.

Mensajes intimidatorios contra el Presidente de la Corte circularon en las redes desde el 19 de septiembre y existen antecedentes denunciados a finales de 2024, sobre igual cobarde proceder.

Esa continuidad revela un patrón que obliga a una investigación integral y a concentrar pruebas en un sólo expediente, salvo que la Fiscalía demuestre la existencia de hechos nuevos.

La protección material de los magistrados y la reparación simbólica del respeto institucional requieren medidas públicas y eficaces. El aparato de seguridad del Estado dispone de herramientas técnicas y legales suficientes. Su uso debe ser visible y ejemplar. La impunidad no es una opción tolerable cuando la violencia se disfraza de debate político.

La discusión sobre la reforma pensional y las dudas planteadas por la Corte respecto a las actas de las sesiones de junio detonaron un choque entre el poder Ejecutivo y el control judicial.

Cuando la descalificación política convierte la fiscalización constitucional en guerra partidista, la consecuencia inevitable consiste en la legitimación del hostigamiento público y la peligrosa retórica emanada desde el Gobierno Petro, ha contribuido a ese clima y debe corregirse.

La Fiscalía no puede limitarse a abrir carpetas sin resultados. Actuar con prontitud y contundencia exige explicar criterios, publicar avances y fijar plazos procesales para capturar y judicializar a los responsables.

La Justicia colombiana necesita más que comunicados. Requiere investigación medidas preventivas y sanciones ejemplares a instigadores y difusores de contenidos falsos como imágenes, noticias, comunicados o documentos apócrifos.

Corresponde al Congreso de la República y al poder Ejecutivo evitar expresiones que incentiven la confrontación. La crítica política forma parte del debate, pero transformar la discrepancia en señal para acosar a un magistrado equivale a una voluntad de sometimiento del poder judicial. La separación de poderes es una línea roja. Quien la cruce, debe enfrentar consecuencias institucionales y penales.

Los medios de comunicación deben respaldar y crear canales seguros para denunciar amenazas, con lo cual se pueda actuar para brindar el respectivo soporte jurídico a magistrados en riesgo, acción con la cual se ayudará a detener la espiral de violencia, porque sin una protección efectiva de todos los estamentos del Estado y sin sanciones drásticas y ejemplarizantes, la independencia quedará reducida a letra muerta.

Exigimos resultados concretos y plazos verificables. Sin sanciones duras, sin prevención inmediata y sin un cambio público de tono por parte de los líderes políticos, la democracia colombiana pagará el alto precio de la indiferencia frente a la intimidación.