Injusticias de la justicia colombiana
Resumen
El Tribunal Superior de Bogotá revocó la prisión domiciliaria de Álvaro Uribe por falta de fundamentos claros, pendiente de apelación. En Bucaramanga, la destitución del alcalde Jaime Beltrán por doble militancia revela ineficiencia institucional en los controles electorales.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Dos noticias de interés general saltaron a la palestra pública generando polémica a favor y en contra por las decisiones tomadas por parte de la justicia colombiana poniendo en tela de juicio sus decisiones. El primer caso tiene que ver con el proceso que duró más de una década entre el expresidente Álvaro Uribe e Iván Cepeda, en el que la jueza Sandra Liliana Heredia condenó a Álvaro Uribe a 12 años de prisión domiciliaria por fraude procesal y soborno en acción penal, además de ser multado e inhabilitado para ejercer cargos públicos. El segundo caso tiene que ver con la destitución del alcalde de Bucaramanga, Jaime Beltrán, por anulación de su elección por parte del Consejo de Estado.
En el caso del expresidente Uribe y el senador Cepeda, la jueza Sandra Heredia en un fallo histórico condena en primera instancia a Uribe a prisión domiciliaria, fallo que fue revocado por el Tribunal Superior de Bogotá el pasado 19 de agosto, justificando que la medida de detención era desproporcionada y carente de fundamentos claros poniendo en riesgo su presunción de inocencia. Aclarando que esta apelación es evaluada y debe definirse antes de mediados de octubre, entre tanto esta decisión no revoca la condena, sino que suspende su cumplimiento efectivo.
El senador Iván Cepeda, quien es considerado víctima del proceso, ante la decisión del Tribunal Superior, dijo que “la respeta, pero no la comparte”, desconfiando en la independencia judicial y señalando presiones sobre la jueza Heredia, con una ofensiva retórica de parte de entornos cercanos a Uribe, quien ha dicho de su libertad, “No vamos a decir fuera Petro, vamos a decir, a dentro democracia”. Lo cierto es que con este rifirrafe las opiniones están divididas pues la justicia es injusta por juzgar mal e injusta por juzgar bien, poniéndola en entredicho a conveniencia. ¿Será por tratarse de figuras políticas?
El otro caso es la destitución del alcalde de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán, quien debe abandonar el cargo por anulación de su elección, decisión del Consejo de Estado, al comprobar con unos videos por parte de los demandantes la doble militancia como candidato de Colombia Justas Libres, al apoyar a candidatos para el Concejo de Bucaramanga que no eran de su partido político. En este caso la injusticia de la justicia se centra en la ineficiencia institucional por parte de los organismos de control -CNE, Registraduría, Consejo del Estado- al permitir llegar al cargo y ejercerlo para luego ser destituido sin que verifiquen los requisitos y eventuales inhabilidades a tiempo, generando grandes costos,
El alcalde Jaime Beltrán seguirá ejerciendo su cargo hasta que el fallo se haga efectivo. El problema se da por el impacto administrativo y político en la ciudad por una transición abrupta, donde el gobernador nombra un alcalde encargado mientras se dan las elecciones atípicas, donde el desafío está en la continuidad de los programas, especialmente áreas críticas como la seguridad y algunos proyectos municipales. Lo cierto es que ambos casos están revestidos con ribetes de pesos políticos que distorsionan los procesos y ponen entre dicho la justicia colombiana.