IGAC es culpable del bloqueó a Santander por  el desmedido aumento de avalúos catastrales

Santander paga el precio de una tormenta anunciada y originada por un catastro antitécnico, un impuesto sin consenso y una protesta que paraliza carreteras, castiga el comercio y deja al desnudo la inconsistencia de una precipitada gestión pública.

El conflicto no nació en las vías, sino en la oficina donde se fijaron avalúos que miles de familias consideran ajenos a su realidad. El malestar tiene una base clara.

Cuando una actualización catastral eleva el valor de un predio por encima de la capacidad económica de su dueño, el Estado deja de cobrar un tributo y empieza a exigir una carga desproporcionada.

En Santander, esa percepción encendió el paro, cerró corredores estratégicos y afectó al Aeropuerto Palonegro, con daños inmediatos para viajeros, transportadores, campesinos, comerciantes y trabajadores que dependen del flujo diario de bienes y personas.

La explicación técnica del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC tampoco resuelve el fondo. Es cierto que existen municipios con décadas sin revisión y que un catastro atrasado distorsiona, sobremanera, la relación entre valor real y valor fiscal.

Pero una corrección de fondo no puede recaer sin transparencia, sin pedagogía y sin una ruta de transición, sobre el bolsillo del ciudadano. Un ajuste legítimo exige precisión, trato equitativo y una comunicación capaz de evitar la idea de atropello.

La crisis deja varias lecciones. La primera es que un avalúo no puede ignorar la productividad de la tierra, el estado de la vivienda, las restricciones ambientales ni las zonas de riesgo.

La segunda, que el municipio no puede lavarse las manos basado en que el cálculo de la tarifa final, los descuentos y la liquidación del predial se derivan del avaluó sin proteger del golpe final al contribuyente.

La tercera, que la carga no recae sólo en propietarios adinerados, golpea de forma inmisericorde a pequeños productores, jubilados, familias y negocios que ya operan al límite.

Por eso el reclamo ciudadano merece una respuesta seria. Sin dilaciones ni carameleos y revisar casos, corregir errores, frenar cobros excesivos y suspender sanciones mientras exista duda razonable no equivale a ceder al desorden. Equivale a restaurar legitimidad.

Un catastro que corrige sin justicia alimenta la rabia. Y una vía bloqueada, un aeropuerto detenido y un comercio herido son la prueba más visible de una política fiscal que perdió el rumbo ante la ciudadanía.

El Gobierno nacional y las Alcaldías deben asumir que la salida no pasa por discursos defensivos ni por culpar a la inconformidad social. Pasa por revisar topes, depurar bases de datos, abrir ventanillas de corrección masiva y publicar criterios claros de valoración.

Santander no resiste más improvisación. La presión de hoy exige decisiones firmes, trámites limpios y una garantía elemental apuntalada en que nadie pague más por un error en la forma de calcular el catastro, ni menos por privilegio político ni vea cerradas sus rutas de trabajo.