Halagüeño informe del DANE sobre la pobreza monetaria no da para celebrar
El reciente informe del DANE sobre la pobreza monetaria en Colombia durante el año 2024 ofrece una lectura ambivalente que exige claridad, porque señala que la proporción de personas en condición de pobreza se redujo en una cifra cercana a tres puntos porcentuales y quedó en 31,8 por ciento de la población.
Ese resultado merece reconocimiento al Gobierno nacional por su trabajo, pero no convierte el avance en un triunfo absoluto ni autoriza celebraciones triunfalistas como las expresadas, con visos de empezar a armar una parranda, desde la Casa de Nariño.
La primera precisión es técnica y política. Las comparaciones históricas requieren cautela. Distintas metodologías en diferentes periodos impiden afirmar que el 31,8 por ciento sea el “menor porcentaje de la historia” sin matices, la estadística actual es positiva, pero no inédita.
El desempeño de Bogotá ilustra la complejidad del fenómeno. La reducción de la pobreza en la capital responde, en gran medida, a una tasa de crecimiento económico superior al promedio nacional y a un comportamiento favorable del empleo.
Ahora, si nos ponemos serios y tomamos esas cifras y las desglosamos por territorios y cubrimos los principales centros poblados del país, encontramos que la política nacional merece un examen más severo.
La decisión de modificar el esquema de entregas monetarias que existía produjo efectos sobre el ingreso de los hogares más pobres, eso es muy cierto y varios especialistas calculan que la continuidad de los giros anteriores hubiese reducido la pobreza en 180.000 personas adicionales.
El informe del DANE impone una autocrítica ineludible al Ejecutivo. Sustituir mecanismos comprobados por promesas de “infraestructura social” sin resultados palpables implica un costo humano real.
Los hogares situados en la parte más baja de la pirámide, registraron un aumento de ingresos inferior al del resto, además marca que la reducción de la pobreza extrema quedó por debajo de un punto porcentual. Ese reparto desigual del crecimiento confirma que las políticas vigentes no alcanzan a quienes más necesitan auxilio.
Gobierno debe reorientar las transferencias hacia beneficiarios verificables, mejorar los procedimientos de focalización y eliminar tramos de gasto que no generan empleo ni capital productivo, porque la eficiencia administrativa no es una virtud retórica, es una condición sine qua non para evitar fugas de recursos y para asegurar que cada peso entregue oportunidades concretas.
Recuperar inversión productiva exige señales de confianza: reglas estables, contratación transparente y control efectivo de las transacciones públicas. Es imperativo exigir metas cuantificables en programas sociales, publicar indicadores accesibles y someter avances a auditorías independientes.
El guarismo entregado por el DANE ofrece una ventana para corregir el rumbo, porque no basta con declarar prioridades, debido a que la sociedad demanda resultados mensurables, representados en empleos formales, acceso sostenido a servicios básicos y reducción verificable de la vulnerabilidad, techo e inclusión económica, no como un gesto político, sino como una obligación ética y técnica que el país no puede postergar.
