Hacinamiento inadmisible convierte en infierno las estaciones de Policía
Resumen
Las estaciones de Policía en Bucaramanga, abarrotadas y en condiciones degradantes, transforman la detención transitoria en una condena. Se requieren reformas urgentes para detener esta violación de derechos y evitar tragedias más graves.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La captura de 446 personas informada por la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el 30 de septiembre, destapa una falla que elude soluciones y es que las estaciones de Policía, en esta ciudad y en otras del país, funcionan como prisiones improvisadas, hecho que convierte la detención transitoria en condena de facto.
Las celdas diseñadas para escasas horas alojan a decenas de personas por días. El espacio disponible resulta insuficiente, las condiciones sanitarias no alcanzan el mínimo y la convivencia se rige por jerarquías violentas que multiplican el riesgo de muertes y lesiones.
La Corte Constitucional dictó que la estadía superior a treinta y seis horas en un centro transitorio vulnera la Constitución. Ese mandato choca con la realidad operativa por audiencias lentas, procesos judiciales que demoran y falta de infraestructura capaz de asumir los ingresos masivos.
La privación de libertad no anula derechos. Quien queda a disposición del Estado depende de éste para su custodia y para el respeto de su dignidad. La ausencia de espacios idóneos alimenta violencia y reproduce tragedias previsibles.
Las respuestas deben incluir reformas de fondo y urgentes. Es imperativo crear alternativas reales a la prisión preventiva para casos sin peligro evidente para la sociedad, ampliar los recursos humanos y técnicos para acelerar audiencias, habilitar plazas temporales que respeten la salud y la integridad física.
Es imperativo priorizar la modernización de la gestión judicial y la digitalización de expedientes. La adopción de medidas cautelares distintas a la reclusión, como libertad condicional con control judicial, monitoreo electrónico en casos pertinentes y programas de asistencia social, reduce la presión sobre centros transitorios.
Una coordinación armoniosa entre dependencias clave como Fiscalía, Rama Judicial, Policía y Defensoría resulta esencial para evitar la repetición de escenas deplorables en estaciones de Policía, porque, aunque delincuentes, también son humanos.
Ese hacinamiento inadmisible convierte en infierno las estaciones de Policía y en una bomba de tiempo que puede causar desastres inimaginables e incalculables en el entorno, poque una rebelión de detenidos, pone en peligro a la comunidad, porque las estaciones de Policía están en zonas residenciales, o cerca de ellas.
No basta con la captura masiva de delincuentes en flagrancia o por solicitud judicial, hace falta un plan que transforme la detención transitoria en una etapa breve, regulada y respetuosa de derechos.
La policía cumple su deber cuando arresta. El Estado fracasa si convierte esa labor en perpetuador de condiciones degradantes y la seguridad no se construye sobre el dolor normalizado, de personas bajo resguardo.
La crisis carcelaria de Bucaramanga reclama, sin excusas, una transformación que ponga en el centro la ley y la dignidad. La respuesta requiere voluntad estatal, presupuesto, planes concretos y plazos claros. No hay excusa para normalizar el hacinamiento ni para postergar la obligación que tienen los Gobiernos nacional, departamental y municipal, para erigir centros de reclusión transitoria dotados con las mínimas condiciones para que el hacinamiento no sea normalizado.
