Hace falta el debate

Es verdaderamente lamentable la manera como se están adelantando las campañas con miras a las elecciones que tendrán lugar el próximo 31 de mayo para definir quiénes ejercerán la presidencia y la vicepresidencia de la República durante los próximos cuatro años.

Este proceso, que debería ser democrático, no lo es. No se tiene en cuenta el bien común, el de los gobernados, como primordial objetivo de los candidatos. Predomina el lenguaje agresivo, con miras a destruir -como sea- al contrario, sin importar la ética, la lealtad ni el respeto. No hay argumentos. No se exponen programas. No hay debates programáticos objetivos. Todo es agresividad, mutuas recriminaciones y señalamientos, anuncios de demandas y amenazas. Ahora, hasta informes anónimos sobre interceptación de comunicaciones.

En una auténtica democracia debería estar en el primer lugar la exposición, ante el electorado, de los temas de fondo, en relación con las prioridades del interés colectivo y con el futuro del país. La ciudadanía requiere información para sufragar con pleno conocimiento. Tiene derecho a saber, de manera clara, completa y sin esguinces, cuáles son las opciones, tanto desde el punto de vista ideológico y político como desde la perspectiva programática en lo social, lo económico, lo jurídico, lo regional. En materia de salud, educación, vivienda, obras públicas, justicia, protección a la libertad y los derechos individuales y colectivos, orden público y lucha contra la corrupción y la delincuencia. Y, si hay propuestas sobre reformas constitucionales o legales, debe saber cuáles serían.

Más que peleas y ofensas en redes sociales, caben los debates públicos serios y razonados, para que -en ámbitos imparciales y equilibrados-, todos los candidatos tengan la oportunidad de exponer sus criterios sobre la realidad del país y lo que piensan hacer, tanto en el plano interno como en las relaciones internacionales de Colombia, en caso de alcanzar el triunfo electoral.

Estamos ante el ejercicio de derechos y, por supuesto, ante la asunción de deberes y responsabilidades. De acuerdo con lo previsto en el artículo 40 de la Constitución, todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Ha de poder elegir y ser elegido, y tomar parte en las elecciones, como una forma de participación democrática. Es evidente que, si se quiere hacer efectivo el derecho a sufragar, el voto no puede ser un acto puramente emocional, ni comprado, ni “contra” alguien, como está siendo encaminado durante las actuales campañas.

Por otra parte, así como resulta indispensable conocer a cabalidad la orientación ideológica y política de los aspirantes, también se necesita información clara sobre sus planes generales y específicos, sus programas y sus proyectos. Téngase en cuenta que los elegidos contraen compromisos que deben cumplir en ejercicio de sus funciones. En ello radica la importancia de debates durante los cuales, de manera franca pero respetuosa y leal, los candidatos intercambien ideas, tesis y fórmulas de solución de problemas. Con la sencillez que facilite la percepción y el entendimiento, al alcance de cualquier persona.

El voto debe ser consciente, ilustrado, libre, resuelto por convicción, sobre la base de saber y entender que cada uno, dentro del secreto legalmente garantizado, hace su aporte al futuro bienestar de la sociedad.