Gustavo Petro promueve una Reforma Constitucional con argumentos vacíos
Resumen
Gustavo Petro impulsa una Reforma Constitucional en Colombia, pero enfrenta críticas por argumentos vacíos. La Constitución de 1991 ya ha sido reformada varias veces, lo que resalta la necesidad de cambios bien fundamentados para garantizar estabilidad institucional.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
El pasado viernes el Presidente de Colombia, Gustavo Francisco Petro Urrego, arengó a la muchedumbre, en la Plaza de Bolívar de Bogotá, con frases retoricas con las cuales quiere forzar una Reforma Constitucional por la vía de votación popular.
Esa convocatoria a modificar la Carta Magna exige más que anuncios y gestos agrestes. Reclama razones sólidas, análisis público y garantía de que el cambio aporte estabilidad porque, en este momento, un proyecto de reforma y cualquier juicio sobre su validez resulta prematuro.
Esa cautela no exime la obligación de debatir con rigor los fines que persigue Petro al promover la iniciativa, porque la sociedad democrática tiene derecho a proponer enmiendas, sin embargo, es menester recordar que la reforma constitucional requiere prudencia.
La Constitución de 1991 ofrece un marco amplio de derechos, deberes y organización del Estado, para retocar o cambiar esa arquitectura, no son necesarias improvisaciones ni enmiendas motivadas por conveniencias coyunturales que generan inseguridad institucional.
Gustavo Petro promueve una Reforma Constitucional con argumentos vacíos, porque la experiencia demuestra que la Constitución ha sufrido numerosas reformas -algunas necesarias, otras oportunistas como la del ‘articulito’ de Álvaro Uribe - y que esa acumulación ha provocado tensión.
Muchas enmiendas han modificado disposiciones por intereses circunstanciales y, con ello, afectado la estabilidad que exige el ordenamiento jurídico y de allí se desprende que mantener los principios esenciales resulta imperativo con democracia, participación, garantía de derechos, igualdad y dignidad humana.
La discusión debe orientarse hacia objetivos concretos como definir necesidad real y establecer mecanismos que aseguren eficacia y coherencia institucional. De nada sirve debatir cambios sin presentar estudios, cálculo de impacto ni criterios claros de implementación.
La jurisprudencia constitucional tiene un papel clave debido a que debe interpretar la norma con fidelidad a su espíritu y no con ánimo complaciente que alivie presiones políticas momentáneas o que ahorquen al pueblo, en beneficio de unos pocos.
El país no puede permitir que la reforma constitucional emane en instrumento de intereses efímeros. La convicción pública debe asentarse en argumentos y procedimientos transparentes.
Cualquier modificación sólo adquirirá legitimidad si surge de la necesidad demostrada, del debate informado y del respeto puntual de las garantías democráticas, con pluralidad de propuestas, debates reflexivos conclusiones contundentes y aceptación general
Los riesgos son evidentes. Esa propuesta, en este momento, puede derivar en debilitamiento de controles, captura institucional, clientelismo politiquero y pérdida de confianza.
Para nadie es ajeno que los cambios mal diseñados abren espacios para la inequidad y fracturan la división de poderes. El reformismo responsable exige límites, periodos de evaluación y mecanismos de participación con expertos, órganos independientes y sociedad civil.
Es imprescindible establecer reglas que eviten interpretaciones utilitarias de la Carta Magna de Colombia y una hoja de ruta que demuestre utilidad, viabilidad y respeto a las garantías democráticas.
