Grave error en Girón al privatizar la Empresa de Servicios Públicos

La decisión de transferir el 49 % de las acciones de la Empresa de Servicios Públicos de Girón, a manos privadas rompe con la confianza ciudadana y siembra dudas sobre el futuro de los recursos públicos.

Con sólo tres concejales en contra, la mayoría avaló el Acuerdo 043, que expone a los gironeses a perder el control efectivo de la entidad encargada de sus servicios básicos.

Aunque en apariencia el municipio conserva el 51 % restante, la participación del 1 % de Betulia y otro 1 % de Lebrija otorga a los nuevos socios la posibilidad de inclinar la balanza en cada decisión.

La concejala Inírida Sánchez, una de las voces disidentes, enfatizó que, tras la privatización, la suma de ese 49 % con los votos foráneos quebrará la voluntad local en el Concejo y los gironeses pasarán de dirigir la empresa a quedar en minoría.

El aval al proyecto obedeció, según el alcalde Campo Elías Ramírez, a un estudio técnico que detectó un déficit en 2024. No obstante, ni las cifras precisas del balance ni el origen de las pérdidas, mil quinientos millones de pesos ya condenados en demandas y un potencial riesgo de otros mil millones, recibieron explicación clara.

El informe exhibió un bajo nivel de endeudamiento y una aparente liquidez operativa, junto con “síntomas de descapitalización progresiva”, sin precisar diagnósticos ni planes de saneamiento.

Es un grave error en Girón el privatizar la Empresa de Servicios Públicos, porque eso generará mayores costos para los consumidores, porque es bien sabido que los privados manejan tarifas a su antojo y no tienen empacho alguno en meterle la mano en el bolsillo de los ciudadanos.

Aunque el discurso oficial invita a desechar temores frente a la “fusión con capital privado”, el asunto central no se reduce al vínculo público-privado, sino a la carencia de argumentos sólidos que justificaran la venta de casi la mitad de un activo estratégico.

Ni la gestión financiera ni los mecanismos de control recibieron un análisis crítico previo a la votación y existen denuncias sobre que los concejales que votaron a favor omitieron discutir alternativas.

La posibilidad de renegociar deudas, optimizar operaciones internas o recurrir a fuentes de financiamiento alternativas, quedó relegada. La ausencia de un plan de contingencia para resguardar la participación mayoritaria y garantizar el rendimiento del recurso público revela la superficialidad del debate.

La ciudadanía merece claridad sobre las cláusulas de salida y las salvaguardas contra eventuales abusos de control, porque sin estos elementos, esa privatización se sostiene sobre un terreno resbaladizo.

La defensa de lo público reclama revisiones rigurosas y un compromiso firme con la protección del patrimonio colectivo. La privatización ya es un hecho. Ahora corresponde exigirles a los concejales y al Alcalde explicaciones detalladas y precisas para evitar que el desarme de la empresa se traduzca en mayores costos y menor calidad en los servicios.