Financiación de campañas

El proceso democrático de una elección popular queda, en muchos casos, en manos de quienes dispongan de recursos tan cuantiosos, y ahí es cuando las organizaciones criminales encuentran un espacio cómodo...

Por: Fernando Cepeda Ulloa

Una vez más el tema de la financiación de las campañas electorales. Es un asunto que no encuentra una reglamentación apropiada y que, entonces, se presta para todo tipo de situaciones que contaminan la honestidad de los partidos políticos, de los candidatos y de las organizaciones que se inventan para manejar las campañas.

Colombia, después de los escándalos del proceso 8000, ha debido convertirse en el punto de referencia de la mejor regulación de la financiación de las campañas. Fue una situación muy costosa para muchos políticos y partidos. Y de ahí no hemos salido, se legisla sin consultar otras experiencias, como que no importa que toda la normatividad existente haya fracasado y de nuevo haya dado lugar a enormes controversias sobre quién violó los topes, quién no los violó, si ello está demostrado, si son sólo rumores, etc.

El tema es de una importancia vital para la supervivencia de la democracia. Y tengo bien sabido que así no se entiende. Un país como Colombia, con la multiplicidad de organizaciones criminales, cada día más enriquecidas con los dineros del tráfico ilegal de drogas o de la minería ilegal o del contrabando o de la corrupción, no se puede permitir el lujo diabólico de abrir las puertas para que todas estas entidades y comportamientos entren a financiar las campañas de muchos de los más de 130.000 candidatos que aspiran a ser concejales o diputados o representantes a la Cámara o senadores o a la contienda presidencial, que cada vez tiene más aspirantes.

El primer impacto de esta situación es el del encarecimiento de las campañas electorales, porque es esa situación la que facilita la necesidad de una financiación ilegal, ya que los recursos que proporciona el Estado y que son bien generosos, no alcanzan para satisfacer las legítimas ambiciones de muchos ciudadanos.

Hablamos de las presidenciales y sus costos multimillonarios. El proceso democrático de una elección popular queda, en muchos casos, en manos de quienes dispongan de recursos tan cuantiosos, y ahí es cuando las organizaciones criminales encuentran un espacio cómodo, abierto para interferir la decisión popular y de esta manera ejercer una influencia indebida sobre nombramientos y adjudicación de contratos y, claro está, en la formulación de las políticas públicas. O sea, una democracia distorsionada por el poder del dinero y, en este caso, del dinero mal habido.

Circunstancias tremendamente disuasorias 

No todos los países tienen que enfrentar una situación tan riesgosa en esta materia. Y por eso, su legislación no puede pecar de inocencia, de ingenuidad, y así desconocer los factores perversos que están determinando de alguna manera la financiación de la política.

Para muchos ciudadanos con la vocación y el interés de participar en la vida política y aspirar a puestos de elección popular, estas circunstancias son tremendamente disuasorias porque el recorrido que hay que hacer es humillante, deplorable y compromete los más altos valores, porque hay que hipotecar el proceso decisorio debido a la razón indebida financiación política.

No desconozco que hay financiaciones generosas desprovistas de compromisos non-santos. Hablar de una transparente financiación de la vida política, es hablar de la legitimidad del proceso democrático, y así de la confiabilidad del proceso decisorio en los diferentes gobiernos y en las corporaciones públicas.