En la mira de los drones

Por: Cristina Plazas

Colombia enfrenta una guerra que ya no se libra solo en tierra. Ahora llega desde el cielo: drones cargados con explosivos que los grupos narcoterroristas usan para atacar con precisión, desde varios kilómetros de distancia, bases militares y comunidades indefensas.

Entre abril de 2024 y agosto de 2025 se registraron 313 ataques; una cifra que revela cómo los enemigos del país se fortalecen frente a la parálisis del Gobierno.

Esta semana, en El Plateado (Cauca), las disidencias del frente Carlos Patiño de las FARC lanzaron explosivos desde drones contra una base militar. En medio del bombardeo, cuatro menores de un plantel educativo resultaron heridos y varias viviendas quedaron destruidas. Un ataque que ocurre exactamente un año después del registrado en Cajibío (Cauca), en octubre de 2024, cuando un dron y varios tatucos impactaron cerca de un colegio, dejando a varios niños atrapados en medio del fuego cruzado.

Un año de diferencia. Mismo grupo, mismo patrón, mismas víctimas: los civiles del Cauca. Pero, sobre todo, un mensaje claro: los grupos narcoterroristas están ganando terreno mientras el Gobierno no logra desarrollar una defensa efectiva frente a esta nueva forma de guerra.

Los drones pasaron de ser equipos de reconocimiento artesanal a convertirse en armas ofensivas capaces de transportar cargas explosivas, lanzar granadas y ejecutar ataques de precisión. Según informes de inteligencia, los grupos narcoterroristas —especialmente las disidencias de las FARC y el ELN— han adquirido drones de alto alcance y los han modificado para uso militar.

Los ataques más frecuentes se concentran en Cauca, Nariño, Valle y Norte de Santander, zonas donde el Gobierno tiene poca presencia institucional.

El Gobierno ha anunciado varias medidas: la creación de un Batallón de Drones de las Fuerzas Militares, la compra de equipos antidrones por cerca de 25 millones de dólares y un supuesto plan nacional antidrón presentado este año. Sin embargo, la mayoría de estas acciones siguen en fase de implementación o se limitan a proteger bases militares y aeropuertos.

El propio Ejército reconoció que más de 3.000 pelotones están expuestos por no contar con sistemas de detección o neutralización. Las zonas rurales, donde operan las disidencias, siguen completamente desprotegidas.

Colombia no cuenta con un sistema nacional de defensa antidrón ni con una estrategia integral de prevención civil. No hay planes de contingencia ni protocolos de protección en las escuelas rurales ubicadas en zonas de riesgo, ni coordinación real entre las Fuerzas Militares, la Policía y la Aeronáutica Civil para una defensa conjunta.

El país necesita pasar de los anuncios a la acción: instalar verdaderos sistemas de defensa contra drones —conocidos como C-UAS, por sus siglas en inglés (Counter-Unmanned Aircraft Systems)— en los departamentos más afectados; restablecer la inteligencia técnica y fortalecer la cooperación internacional en monitoreo aéreo; y priorizar la protección de infraestructura crítica y poblaciones vulnerables como las escuelas rurales.

Lo cierto es que hoy los grupos narcoterroristas tienen superioridad operativa en el espacio aéreo colombiano. Y el Gobierno, mientras tanto, sigue sin reaccionar. Esta inacción ya no puede explicarse como indolencia o ineptitud: es complicidad. Porque un Gobierno que permite que los narcoterroristas avancen sin control, evidencia que gobierna a su favor.

Adenda:1. Cosas que solo pasan en Colombia: capturan a Emilio Tapia por bandido… y su esposa es nombrada ponente de la reforma tributaria. ¡Finjamos sorpresa!

2. El presidente Petro fue a la Corte Suprema y le dijo al presidente de esa corporación que la toma del Palacio de Justicia fue una genialidad del M-19. ¿Genialidad? Fue un acto terrorista que dejó más de 100 muertos. Y lo perpetró el grupo criminal al que él pertenecía.