En cuidados intensivos está el sistema hospitalario de la ciudad

Bucaramanga se encuentra al borde del colapso hospitalario por cuenta de una grave crisis financiera en su sistema de salud. Así lo denunció la secretaria de Salud y Ambiente, Claudia Mercedes Amaya Ayala, en una rueda de prensa en la que lanzó un enérgico llamado a la Comisión Séptima del Senado, solicitando medidas urgentes para enfrentar el panorama que amenaza con deteriorar aún más la prestación de los servicios médicos en el municipio. La funcionaria, en representación de la administración del alcalde Jaime Andrés Beltrán, pidió justicia y responsabilidad ante una deuda acumulada por parte de las EPS que supera los $400.000 millones.

El foco del problema radica en la millonaria cartera pendiente que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) mantienen con clínicas y hospitales locales. Según Amaya, las diez principales Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS) de Bucaramanga reportaron una deuda total de $163.816 millones, acumulada antes de las intervenciones por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. La situación, que ella calificó como una "bomba de tiempo financiera", tiene como principales responsables a la Nueva EPS y a Coosalud. La primera adeuda más de $94.500 millones, lo que representa el 57,6% del total, mientras que la segunda debe más de $48.800 millones, equivalente al 29,8%.

Esta crítica situación no solo se limita al incumplimiento de las EPS activas, sino también a la ausencia de responsabilidad frente a las obligaciones heredadas por aquellas entidades liquidadas o intervenidas. Los actuales interventores designados por la Superintendencia no han asumido las deudas previas a la intervención, dejando a las IPS sin mecanismos claros para recuperar los recursos adeudados. A ello se suma la reciente entrada en vigencia del Decreto 0572 del Ministerio de Hacienda, emitido el 28 de mayo de 2025, el cual impone incrementos en la retención de recursos, afectando aún más la capacidad operativa de los centros asistenciales.

Las consecuencias de esta crisis se sienten cada día con mayor intensidad. Algunos servicios fundamentales han sido cerrados, como la sala de partos y la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) neonatal de la Clínica Chicamocha. Además, se han registrado despidos de personal médico, quienes además tienen salarios e indemnizaciones pendientes. La situación en las salas de urgencias es alarmante: se encuentran operando con niveles de ocupación superiores al 250%, lo cual compromete la atención oportuna y digna a los pacientes.

Otra consecuencia directa ha sido la desvinculación de proveedores que suministran insumos esenciales, como materiales y dispositivos para procedimientos quirúrgicos de osteosíntesis. Esto ha obligado a las clínicas a reprogramar, aplazar o incluso cancelar cirugías, afectando directamente la salud de los ciudadanos. El desfinanciamiento progresivo no solo pone en riesgo la sostenibilidad del sistema, sino que representa una amenaza directa para la vida de miles de bumangueses.

Ante este panorama, la secretaria Amaya reiteró que Bucaramanga no está pidiendo favores, sino exigiendo justicia. “Necesitamos una acción inmediata de la Comisión Séptima del Senado para establecer quién responde por la cartera anterior a la intervención de las EPS. No estamos pidiendo favores. Estamos exigiendo justicia y responsabilidad. La salud no puede seguir siendo postergada. Hoy está en juego la vida de miles de bumangueses”, enfatizó.

La Alcaldía de Bucaramanga espera que el Gobierno Nacional, el Ministerio de Salud y la Superintendencia actúen de manera decidida para frenar esta crisis. De no tomarse acciones estructurales y urgentes, el colapso total de la red hospitalaria podría materializarse en las próximas semanas. La salud pública está en cuidados intensivos y necesita respuestas inmediatas.