Elecciones atípicas en Santander entre ataques verbales y demandas judiciales
Resumen
La sucesión de la Alcaldía en Girón y demandas en Bucaramanga conllevan una lucha de poder con implicaciones regionales. Acusaciones y órdenes judiciales amenazan con socavar la confianza pública si no se afrontan con transparencia y prontitud.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
El duelo por el poder para hacerse con la Alcaldía de Girón y la oleada de demandas en Bucaramanga han cubierto con un manto de irregularidad, falta de claridad y respuestas, que la ciudadanía merece.
La sucesión municipal en Girón no es un asunto privado entre los dos últimos exalcaldes que están agarrados de ‘las mechas’, su cordura determinará la normalidad institucional de un municipio cuya fecha de elección ya figura en el calendario regional, el 18 de enero de 2026.
El choque público entre Campo Elías Ramírez y Fredy Cáceres avanzó más allá de los señalamientos personales y alcanzó al Gobernador de Santander, General (r) Juvenal Díaz Mateus, lo que convierte a la contienda en un conflicto con alcance departamental.
Las acusaciones de injerencia y las órdenes judiciales que urgieron a la Gobernación a nombrar un Alcalde encargado añadieron tensión a un escenario que ya presentaba fisuras en la confianza ciudadana.
Frente a ello, ninguna administración puede actuar con opacidad; toda actuación debe obligar a la presentación de pruebas de las acusaciones que se lanzan de parte y parte.
En Bucaramanga, el documento jurídico presentado por el abogado Luis Eduardo De la Hoz abrió tres frentes que interpelan la validez del cronograma electoral, la conducta de una jueza y la inscripción del candidato que va bajo el ala de Jaime Andrés Beltrán, sacado del cargo.
Estas acciones no son un simple tecnicismo procesal. Implican el cuestionamiento de garantías fundamentales del proceso democrático y marcan un plazo límite para que el sistema de justicia resuelva con prontitud, en derecho y que eso favorezca a la ciudadanía.
En ambas causas late la misma preocupación y es la percepción de que el poder se disputa por vías que no siempre permiten la vigilancia ciudadana. Esa percepción erosiona la confianza pública y alimenta la ya desmedida y desbordada polarización.
La democracia local necesita tres respuestas básicas enfocadas en hechos comprobables, acceso público a la información y procedimientos judiciales y administrativos que se despejen sin dilaciones ni favores.
Pedir calma no implica callar las denuncias. Pedir calma significa invocar reglas, pruebas y plazos claros. Pedir transparencia obliga a que gobernantes, exautoridades y jueces expliquen sus decisiones con documentos, cronologías y fundamentos públicos.
Los próximos episodios jurídicos y administrativos deben observar, por encima de cualquier palabrería partidista, dos principios irrenunciables e inconmutables, la protección del derecho al sagrado y secreto voto y la integridad del Estado de derecho.
Si las confrontaciones se transforman en un espectáculo grotesco y mezquino, la política pierde autoridad y seriedad. Si la justicia actúa con imparcialidad y rapidez, la democracia gana credibilidad.
Girón y Bucaramanga enfrentan unas elecciones atípicas enredadas entre ataques verbales y demandas judiciales, con lo cual se pone a prueba si las instituciones funcionan cuando la presión política crece y los intereses colectivos priman sobre los particulares.
