Elecciones atípicas en Bucaramanga y Girón son un ‘dolor de cabeza’ para el Gobernador
Resumen
El proceso electoral en Bucaramanga y Girón está enredado por recursos legales y decisiones controversiales, afectando la confianza pública y complicando la logística electoral.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La sucesión de dilaciones, recursos calculados y decisiones que ponen en aprietos el calendario electoral por parte de abogados y Alcaldes sacados de sus cargos, ha convertido en un enredo institucional lo que debería ser un trámite con reglas claras: las elecciones atípicas en Bucaramanga y Girón que exigen prontitud técnica y certeza jurídica, no maniobras que erosionan la confianza y ‘torean’ la paciencia.
La Registraduría planteó fechas y plazos que el Gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, considera inviables por su estrecho margen para inscripciones, verificación de firmas y preparación logística.
Ese acortamiento de los tiempos no sólo tensiona la maquinaria electoral, también expone al proceso a impugnaciones y a una abstención elevada si la ciudadanía no recibe información oportuna.
En Girón la situación judicial añade otra capa de complejidad. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ya emitió una decisión que anula la elección del Alcalde, pero la ejecutoria enfrenta recusaciones y recursos que postergan la determinación definitiva.
Esa indeterminación impide coordinar de forma simultánea la convocatoria en los dos municipios, Bucaramanga y Girón, y obliga a la Gobernación y a la Registraduría a maniobrar entre fechas que chocan con la realidad administrativa y con la movilidad social de diciembre.
Las denuncias y las quejas públicas contra Magistrados que participaron en los fallos muestran que este conflicto no es sólo técnico, existe una artera disputa política que se ha trasladado al terreno jurídico.
La presentación de demandas, recusaciones y denuncias ante la Comisión de Acusaciones pone en tela de juicio la percepción de imparcialidad y agrava la sensación de que los procedimientos sirven para ganar tiempo más que para dirimir con celeridad y legalidad.
La democracia local no resiste ser rehén de tácticas dilatorias. El Ejecutivo de Santander y el ente electoral deben actuar con contundencia. La Gobernación solicitó un análisis técnico sobre plazos, capacidad operativa y riesgo de abstención.
La Registraduría tiene la obligación de publicar un calendario que garantice inscripción real de candidatos, verificación transparente de firmas y despliegue seguro de jurados y material electoral.
No existe margen para improvisaciones que justifiquen posteriores impugnaciones. La política no admite atajos, menos aún con ataques cerreros apalancados en las leyes, cuando la legitimidad se juega en las urnas. Los responsables públicos deben priorizar la claridad y la equidad antes que la urgencia administrativa o el cálculo estratégico.
Convocar elecciones precipitadas, o permitir maniobras procesales que prolonguen a un Alcalde -cuya elección ha sido anulada- en funciones bajo sombra judicial, equivale a empobrecer la representación y a normalizar la dilación como herramienta de poder.
Exigimos que se respete la ley, que se garantice el derecho al voto y que los responsables rindan cuentas por convertir una elección atípica en un espectáculo de impugnaciones, si no lo hacen, habrán demostrado que, ante la duda, prefieren la ventaja política sobre la integridad institucional.
