El segundo episodio

Por: Jaime Arrubla

No terminábamos de digerir el explosivo discurso del Presidente el primero de mayo, con ocasión del Día del Trabajo, donde se arremetió contra el Senado de la República, se le amenazó en caso de no aprobar el llamado a la Consulta Popular, se le colocó en la picota publica; cuando sale el ministro del Interior a bajar el tono, indicando que no había amenazas, sino más bien una advertencia sobre las  consecuencias  en caso de perder el Senado el favor popular, por no atender a sus derechos laborales.

Sin duda, que el discurso presidencial, éste y los más recientes, utilizan un lenguaje exacerbado, impropio de un jefe de Estado, quien, por el contrario, debe concitar a la unión entre los colombianos. El primer acto de la paz que tanto se invoca, debería ser el de morigerar el lenguaje presidencial.

Como cada día en Colombia, con ocasión del Gobierno, aparece un acontecimiento escandaloso que supera a los anteriores, surge ahora, el segundo episodio del novelón sobre la  confrontación Leyva-Petro; ahora, en una extensa carta que el excanciller dirige al Presidente, misiva cargada de detalles sobre visitas a países extranjeros y reuniones  con jefes de Estado, colmadas de desplantes, incumplimientos de agendas, plantones  a altos funcionarios; una serie de irregularidades de comportamiento que invitan a pensar razonablemente que este tipo de hechos pueden obedecer precisamente a un problema de adicción a las drogas del Presidente,  pero lo más grave, es que ello interfiere en sus labores presidenciales  y  compromete la dignidad de la República.     

Si lo que la extensa carta señala es cierto y todo parece estar documentado, nos encontramos los colombianos en una encrucijada mayor; una adicción a las drogas del Presidente por averiguar y otra confesa del ministro del Interior, que al parecer interfieren en el cumplimiento cabal de sus funciones y nos deja muy mal parados frente a la comunidad internacional; se deteriora a pasos agigantados la dignidad de la República.

Ahora, vacío normativo para una situación de esta naturaleza no lo hay; lo que no se encuentran son muchos precedentes. Las dos cartas del excanciller son suficiente noticia para que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes abra oficiosamente investigación contra el aforado presidente de la República; llame a declarar al excanciller, instruya una investigación y practique pruebas tendientes a la acreditación de los hechos, incluso experticias técnicas, como exámenes médicos, etc., garantizando el derecho de defensa y la presunción de inocencia. Si lo encuentra fundado y acreditado debidamente deberá proponer la declaratoria de indignidad por mala conducta y el Senado incluso, con la facultad que le otorga el artículo 175 de la Constitución Nacional, puede aplicar la sanción de destitución del empleo.

Y no se trata de un “golpe de Estado” como saldrán a repetir los gobiernistas según lo han hecho cada vez que actúan los pesos y contrapesos democráticos, sino la aplicación de la sanción por indignidad del Jefe de Estado prevista en la Constitución Nacional.