El impuesto no es para Netflix

El pasado primero de mayo, justo cuando se cerraba el periodo de sesiones ordinarias del Concejo Municipal de Bucaramanga, se suspendió el debate del Proyecto de Acuerdo 031 de 2025. Esto ocurrió porque se presentó una recusación contra algunos concejales, lo que obligó a frenar la discusión. Aunque eso nos dio un respiro temporal, no significa que el proyecto haya sido descartado. En cualquier momento, podría volver a la agenda, y cuando eso pase, tenemos que estar listos.

Este proyecto busca modificar el régimen del impuesto de Industria y Comercio (ICA) para crear una nueva categoría que grave las actividades económicas realizadas mediante tecnologías de la información y plataformas digitales. Es decir, actividades como vender productos por WhatsApp Business, Instagram, Rappi, Didi Food o cualquier otra aplicación. Bajo el nuevo esquema, estas actividades pagarían un impuesto del 9 por mil sobre los ingresos brutos.

Para entender la gravedad de esto, hay que explicar primero cómo funciona el ICA. Es un tributo municipal que pagan todas las personas naturales o jurídicas que ejercen actividades comerciales, industriales o de servicios dentro del territorio. Se calcula sobre el total de ingresos brutos, es decir, sin descontar costos, comisiones ni gastos operativos. Ya de por sí, para pequeños negocios con márgenes reducidos, este impuesto representa un reto. Pero el problema se agrava cuando el municipio decide aplicar tarifas diferenciadas más altas para quienes usan plataformas digitales.

El argumento de la administración es que plataformas como Netflix, Disney o Amazon deberían pagar impuestos en Bucaramanga porque tienen usuarios aquí. Pero el proyecto no está estructurado para eso. Lo que hace es gravar al emprendedor local que vende arepas por WhatsApp, hamburguesas por Rappi o ropa por Instagram. La plataforma no pagará el tributo. Lo pagará el negocio pequeño. Y lo pagará más caro que una gran superficie comercial, que hoy tiene una tarifa del 8.5 por mil, o que un vendedor de espacio público, que paga solo el 4 por mil. Además, el proyecto introduce un mecanismo para que las plataformas retengan directamente el impuesto. Es decir, incluso quienes no estén formalizados ante la DIAN o la Cámara de Comercio, van a empezar a pagar este nuevo tributo porque las plataformas se lo van a descontar automáticamente.

Además de ser un impuesto injusto para los emprendedores es un impuesto ilegal. Los concejales no pueden crear ley y en impuestos la jurisprudencia ha sido clara.  La Ley 14 de 1983 establece que el hecho generador del ICA es realizar actividades industriales, comerciales o de servicios dentro de un municipio. La ley no distingue entre ventas presenciales o digitales, y tampoco autoriza a los Concejos Municipales a crear nuevos hechos generadores ni a modificar los sujetos pasivos del tributo. Es decir, el proyecto que se está discutiendo podría ser declarado inconstitucional, por violar el principio de legalidad tributaria.

También está en juego la equidad. No se puede cobrar más a quien tiene menos, ni tratar igual a un negocio que vende desde una cocina de 12 metros cuadrados que a una cadena multinacional con tiendas en todo el país. No es justo. No es sostenible. Y sobre todo, no es lo que necesita Bucaramanga en este momento.

Por eso hacemos un llamado a todos los emprendedores, cocinas ocultas, restaurantes pequeños, tiendas virtuales y negocios digitales a mantenerse informados y organizados. Este proyecto podrá volver con cualquier excusa, y cuando lo haga, debemos estar listos para exigir un debate serio, participativo y justo. El emprendimiento no puede ser castigado por usar herramientas modernas para subsistir. Al contrario: debería ser respaldado, protegido y escuchado.