El decreto bajo sospecha

Por: Juanita Tovar

Un decreto firmado por el presidente, una rectificación apresurada y una denuncia penal de 44 páginas marcan el más reciente capítulo de tensión institucional en la Casa de Nariño. El Decreto 0499 de 2025, mediante el cual se designó a Armando Benedetti como presidente encargado durante la ausencia de Gustavo Petro, pasó de ser un simple acto administrativo a una posible prueba de engaño dentro del propio Palacio Presidencial.

La denuncia, radicada este lunes ante la delegada ante la Corte Suprema de Justicia, acusa a Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), de haber inducido en error al jefe de Estado para que firmara un documento que aparentemente no reflejaba su voluntad real. Según los denunciantes, el presidente creyó estar delegando funciones —como era habitual— al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, pero el texto publicado en el Diario Oficial establecía algo distinto: Benedetti asumiría el poder ejecutivo durante la ausencia del mandatario.

Horas después de la publicación del decreto, el presidente Petro salió públicamente a desmentirlo. No solo aseguró que no había autorizado dicha designación, sino que corrigió el acto administrativo con un nuevo decreto, el 0506 de 2025. Fue una rectificación poco usual que desató sospechas sobre lo ocurrido detrás de bambalinas.

La denuncia es precisa. Solicita que la Fiscalía interrogue al presidente bajo juramento con preguntas directas: ¿Revisó usted el contenido del decreto antes de firmarlo? ¿Se le informó con claridad quién sería el designado? ¿Quién le entregó el documento y en qué circunstancias? ¿Autorizó usted la certificación de Benedetti como miembro de Colombia Humana?

Más allá del impacto jurídico, el episodio ha dejado grietas políticas. Curiosamente, el testimonio más comprometedor proviene del propio Armando Benedetti. En declaraciones a medios, afirmó que fue notificado por Presidencia de su designación, lo que contradice al presidente y pone en entredicho la versión oficial. Además, confesó que no sabía si existía un registro formal que lo acreditara como parte del movimiento político Colombia Humana, aunque “sentía” que pertenecía a él.

Esa afirmación es clave, si Benedetti no estaba debidamente inscrito como miembro del movimiento que avaló a Petro en las elecciones de 2022, no podía asumir como presidente encargado según lo exige la Constitución. De ahí que también se cuestione la autenticidad de la certificación expedida por el DAPRE para justificar su nombramiento.

El caso tiene el potencial de convertirse en una bomba jurídica. Los delitos por los que se pide investigar a la actual directora del DAPRE incluyen falsedad ideológica en documento público, fraude procesal y abuso de función pública. Pero el problema trasciende lo penal: el país asiste, estupefacto, a un escenario en el que el presidente podría estar firmando decretos sin conocer a fondo su contenido.

El desenlace es incierto. La Fiscalía tendrá que determinar si hubo dolo, error inducido o una cadena de “descuidos” administrativos. Pero una cosa es clara: en un gobierno que prometió transparencia y rigor, que se cuestione la legalidad de una designación presidencial desde el propio corazón del poder es, por lo menos, inquietante. Y exige respuestas, no solo jurídicas, sino también políticas.