El Congreso

En la democracia de Grecia existían tres órganos de poder: La Ekklesia o asamblea, órgano principal y soberano del gobierno, a través de ella se expresaba la voluntad del pueblo ateniense. La Boulé, Consejo de los Quinientos, ejercía funciones ejecutivas y administrativas y La Dikasteria o Tribunales populares que impartía justicia.

En Colombia, desde la primera Constitución de 1821, se adoptó igualmente la división del poder público en tres ramas: ejecutiva, legislativa y judicial. El poder Ejecutivo quedó en cabeza del presidente de la República, mientras que el poder Judicial fue confiado a los jueces y tribunales. Por su parte, el poder Legislativo se estableció en cabeza del Congreso de la República, conformado por dos cámaras: el Senado y la Cámara de Representantes. Este sistema se ha mantenido durante toda la historia republicana del país, pese a las múltiples reformas constitucionales y aun después de la Asamblea Constituyente de 1991. El Congreso continúa siendo la máxima autoridad legislativa, con funciones claramente definidas por la Constitución Política.

La función esencial de senadores y representantes es, precisamente, la elaboración de las leyes y la reforma constitucional. Adicionalmente, corresponde al Congreso aprobar o improbar el Presupuesto General de la Nación, ejercer control político sobre el Gobierno y cumplir otras funciones expresamente consagradas en la Carta Magna.

Por esta razón, resulta cuestionable que los electores voten por congresistas esperando que estos ejecuten obras, función que corresponde exclusivamente al poder Ejecutivo. Más grave aún es que el respaldo electoral se otorgue a cambio de promesas de contratos, cargos públicos u otro tipo de prebendas, prácticas que proliferan durante los periodos preelectorales.

Esta distorsión ha desdibujado el verdadero papel del legislador, cuya misión fundamental es la producción normativa. La desnaturalización de las funciones de senadores y representantes ha sido profundamente perjudicial, dando lugar a alianzas nocivas entre el Legislativo y los gobiernos de turno. De allí surgen los chantajes políticos, mediante los cuales algunos congresistas condicionan su apoyo a proyectos de iniciativa del Ejecutivo a cambio de apropiaciones presupuestales, contratos o cargos para su clientela.

Durante años, estas prácticas se han institucionalizado a través de mecanismos como los antiguos auxilios parlamentarios y, actualmente, los llamados cupos indicativos, que bajo distintos nombres han perpetuado la misma práctica perversa

Ante la proximidad de las elecciones legislativas, resulta fundamental que los ciudadanos evalúen con criterio a quienes aspiran a representarlos. En el caso de los congresistas que buscan la reelección, es indispensable revisar su labor legislativa y sus propuestas. En el caso de los nuevos aspirantes, debe analizarse con rigor qué proyectos y visiones tienen como futuros legisladores.

*Silvia Stella Rugeles de Rugeles -www.fundacionparticipar.com