El concurso notarial que se desploma

En Colombia, una notaría es el lugar donde se otorga validez legal a muchos de los actos más importantes de la vida de las personas y de las empresas. Allí se autentican documentos y firmas, se formalizan escrituras de compraventa, se registran nacimientos y defunciones, se celebran matrimonios, se tramitan divorcios de mutuo acuerdo y se dejan en firme sucesiones, testamentos o poderes. En pocas palabras, la notaría es la oficina que garantiza que esos actos civiles y patrimoniales tengan respaldo jurídico y plena fuerza ante la ley. Esta aclaración es importante para entender la historia de hoy: el cuestionado concurso de notarios en Colombia.

El concurso de méritos que debía llenar 900 vacantes de notarios en el país, con más de 18.000 aspirantes, nació bajo la promesa de transparencia y meritocracia. Sin embargo, desde el primer momento mostró señales de descomposición. Lo que se vendió como una oportunidad histórica terminó convertido en un campo minado de irregularidades que obligó al Ministerio de Hacienda a suspenderlo, después de que la Procuraduría advirtiera sobre sus graves falencias.

La primera grieta apareció con una renuncia inédita: dos integrantes del Consejo Superior de la Carrera Notarial, el órgano que debía dirigir el proceso, dieron un paso al costado asegurando que no había condiciones para cumplir con el encargo. No se trataba de un gesto menor: era la constatación de que el Consejo, en lugar de ejercer su papel rector, había cedido funciones vitales al operador logístico, la Universidad Libre. Así, la institución llamada a vigilar y garantizar imparcialidad terminó relegada a un rol simbólico, mientras las decisiones de fondo quedaban en manos de un contratista.

Ese vacío de funciones se tradujo en un golpe directo a los concursantes. El mecanismo de defensa previsto para ellos se redujo a un simple trámite contra la lista final de elegibles, sin posibilidad de cuestionar lo ocurrido en las etapas verdaderamente decisivas, como los exámenes o las entrevistas. En la práctica, miles de abogados quedaban atados de manos ante eventuales errores o arbitrariedades que podían dejarlos por fuera sin remedio. Era, en últimas, un derecho de defensa diseñado para no servir.

A esto se sumaba la incertidumbre sobre el cronograma. El Acuerdo 001 de 2024, que fijaba las reglas, fue reemplazado por el Acuerdo 01 de 2025, con modificaciones calificadas por expertos como ilógicas e innecesarias. Más que reforzar garantías, parecían encaminadas a acelerar el proceso y a recortar controles. El resultado fue un concurso sin calendario claro, con reglas enredadas y con sospechas crecientes sobre su transparencia. La Procuraduría lo dijo con todas sus letras: había que suspender la ejecución del contrato hasta aclarar las advertencias.

La respuesta del MinHacienda llegó de inmediato, argumentando que no había recursos para continuar con el concurso y acogiendo la recomendación de la Procuraduría. Pero el tema va mucho más allá de los dineros públicos: todo parece indicar que lo que se estaba incubando era un proceso capturado, en el que las notarías podrían verse como un botín. El propio presidente Petro lo denunció, señalando que se estarían pidiendo hasta mil millones de pesos por asegurar un cupo.

La suspensión, entonces, es apenas un respiro. Lo que este episodio desnuda es un sistema en crisis, en el que las instituciones que debían blindar la transparencia se convirtieron en simples espectadoras. Si el concurso notarial no se rediseña desde cero, garantizando verdaderos mecanismos de defensa y cerrando la puerta al clientelismo, no habrá confianza posible. Porque, al final, no hay que perder de vista lo esencial: el órgano rector de la carrera notarial es el Consejo Superior de la Carrera Notarial, presidido por el ministro de Justicia, y es este órgano —o, en su defecto, la Superintendencia de Notariado y Registro, responsable de la contratación del operador logístico— el que debe pronunciarse de manera clara y definitiva. Todo lo demás es puro ruido.