Devuélvannos el servicio de salud

Por: Carlos Tobar

Soy una persona mayor relativamente sana. No obstante, el largo recorrido por la vida deja en todo organismo secuelas naturales. Con el paso de los años y los avatares cotidianos los deterioros en el organismo se van manifestando.

En mi caso desde los 40 años soy hipertenso, razón por la cual estoy medicado desde esa época. Posteriormente, he sufrido de alteraciones en el colesterol y los triglicéridos; que, también exigen medicación intermitente. Luego, un cambio en el metabolismo empezó a convertir los carbohidratos en azúcares llevándome a la condición de diabético de fácil control, pero que exige medicación. Me aqueja una hiperplasia de próstata que obliga a medicación permanente. También sufro de rinitis alérgica que molesta mi diario vivir.

Esta descripción personal la hago, porque situaciones similares sufrimos millones de colombianos que año tras año requerimos de los servicios del sistema de salud. Somo los enfermos crónicos que no podemos mantener calidad de vida si no somo atendidos de forma permanente.

Adicional a esta situación están las personas que son aquejadas por múltiples enfermedades que ocasionalmente aquejan a otros millones de pacientes del sistema de salud: unos más graves que otros, pero todos necesitando atención.

El sistema de salud del país es precario. Tiene una falla estructural que deviene del nivel de desarrollo económico. Solamente un poco más del 30% de los colombianos podemos pagar por el servicio de salud. El resto deben ser atendidos con recursos provenientes del presupuesto nacional.

Cuando se tiene una situación tal es que se pueden entender las limitaciones del sistema. La ley 100, un sistema de aseguramiento general funciona sobre la base de la solidaridad de todos los afiliados. Los 52 millones de afiliados aportamos mensualmente de acuerdo con la capacidad individual, unos por ingresos propios y otros a través de los aportes del presupuesto nacional (regímenes contributivo y subsidiado).

Con esa bolsa general que se alimenta con la UPC (unidad de pago por capitación) y con una cuenta especial que reconoce mayores costos llamada “Presupuesto Máximos”, se atiende anualmente entre 5 y 7 millones de enfermos crónicos u ocasionales. Desde el principio a mediados de la década de los noventa el sistema ha sido deficitario.

En los 30 años de funcionamiento el estado ha debido salir en varias ocasiones a cuadrar con aportes extraordinarios ese déficit crónico. Adicionalmente, el sistema alarga la cobertura de las solicitudes de enfermos o difiriendo servicios (no hay agenda, no hay medicamentos, se aplazan procedimientos y tratamientos, etc.) o negándolos abiertamente sobre todo en regiones marginales del país.

Es cierto, como denuncia el gobierno que parte de los recursos han sido históricamente malversados, un fenómeno que se ha venido disminuyendo a lo largo del tiempo.

El argumento principal del gobierno de que se debe cambiar el sistema hacia uno preventivo, predictivo y resolutivo es una incomprensión de las limitaciones económicas de un país de ingreso medio (US$6.700 per cápita). La implementación de un sistema preventivo exigiría duplicar los recursos que hoy se destinan, algo así como 100 billones de pesos adicionales. ¿Un absurdo!

Desviar recursos existentes, como lo están haciendo, es agudizar las limitaciones de atención del sistema actual en funcionamiento. Es poner en riesgo la salud y la vida de miles de personas.