Deshumanización de una tragedia por mezquinos cálculos electorales

El caso del Hércules FAC-1016, que se precipitó poco después de despegar en Puerto Leguízamo, Putumayo, ha abierto un debate legítimo sobre la flota militar, pero también ha exhibido una falla más vieja y grave como la costumbre de usar el dolor ajeno como plataforma de ataque y para aprovechar el momento para sacar réditos políticos.

Una tragedia de esta magnitud exige silencio respetuoso de todas las  esferas, precisión en la investigación y la prioridad de enfocarse en esclarecer qué ocurrió y acompañar a las familias de las víctimas.

Cuando un accidente aéreo deja 69 muertos, hasta ahora, decenas de heridos y familias sumidas en la angustia, el país necesita hechos comprobados, no una guerra de versiones convertida en munición electoral esparcida para deshumanizar la tragedia para aprovechar el momento sólo por mezquinos cálculos electorales.

La discusión pública debe partir de datos verificables. La aeronave fue donada por Estados Unidos en 2020 y recibió mantenimiento mayor y exhaustivo entre 2021 y 2023, según reportes de prensa nacional; además, las autoridades han dicho que no existe evidencia de un ataque y que la investigación sigue abierta.

Es decir, no hay base seria para sentencias cerradas ni para absolver de antemano a nadie. En una tragedia de esta magnitud, la responsabilidad institucional consiste en esperar peritajes, preservar la evidencia y comunicar con rigor, no en repartir culpables antes de tiempo.

Pero la crítica no puede quedarse sólo en la prudencia del presente. El episodio deja al descubierto un problema estructural: Colombia ha sostenido durante años una discusión incompleta sobre la modernización de sus capacidades aéreas, el mantenimiento de sus equipos y la logística para operar en territorios complejos como el Putumayo.

Cuando una aeronave militar transporta más de un centenar de personas en una misión sensible, cada decisión técnica, presupuestal y operativa adquiere un peso enorme y una responsabilidad sin dilaciones.

Por eso resulta tan pobre reducir el debate a consignas de campaña, como si la seguridad nacional cupiera en una pelea desabrida. La muerte de soldados, policías y tripulantes no admite oportunismo.

Pero tampoco admite evasivas. El país necesita una investigación independiente, pública en sus hallazgos y estricta en sus conclusiones, para saber si falló la aeronave, la pista, el procedimiento, la carga, la supervisión o una combinación de factores.

Sólo así podrá evitarse que una tragedia corrompida por el morbo político termine archivada como una disputa más entre Gobierno y oposición. En esa frontera entre el duelo y el cálculo, la democracia se pone a prueba.

Colombia no gana nada con los atajos retóricos que buscan rédito inmediato. Gana, en cambio, cuando la verdad se impone sobre la prisa, cuando la información veraz, concreta, corroborada, sustituye al insulto y cuando la institucionalidad ennoblece que la primera deuda de una tragedia es con la memoria de quienes no regresarán a casa.