Democracia en peligro

Me había hecho a la idea de no volver a escribir sobre el presidente Gustavo Petro, pues estoy convencida de que cada vez que trina es para tapar un escándalo propio o de algún allegado, echándole la culpa a alguien de lo denunciado, ya que lo que le interesa es que hablen de él, aunque sea mal   para estar vigente, pues de su gestión nadie habla porque no existe. Sin embargo, lo que estamos viviendo hoy es tan grave, que pienso que el deber de todo aquel que pueda opinar es alzar nuestras voces para defender la institucionalidad o sea nuestra democracia.

El martes pasado, cuando me disponía como siempre a ver los noticieros de televisión, me encontré con El presidente Gustavo Petro otra vez en la pantalla. Y aunque por la ley 182 de 1995 tiene derecho, como Presidente de la República, a hacer uso personal  de la TV en cualquier momento, para informar asuntos trascendentales de su gestión, esto no significa que pueda abusar utilizando siempre el mejor espacio triple A, que los canales privados utilizan para informar a todo el país las noticias que nos inquietan, y así mismo impidiendo la transmisión de la pauta publicitaria que para esos momentos tienen contratada, causando perjuicio a televidentes, concesionarios y anunciantes. Esa noche la intervención empezó quejándose porque por ley se le impedía transmitir el Consejo de Ministros como quería, habló de los atentados en su contra, de las armas rusas incautadas a exmilitares, del proyecto de las pensiones y de la reforma laboral que pretendían aprobar en perjuicio del pueblo, para finalmente lanzar la bomba: convocará la consulta popular por decreto, pues según él, en el Senado hubo trampa.

¿Saben qué significa esto?  Nada menos que atentar contra el orden institucional, olvidarse de la Constitución que el juró cumplir, desconocer la separación de poderes, lanzar un pésimo mensaje a la ciudadanía. En todo Estado Social de Derecho, como es Colombia, existen reglas que se tienen que cumplir: el artículo 104 de nuestra Constitución establece que “el presidente de la República, con la firma de todos los ministros y previo concepto favorable del Senado de la República, podrá consultarle al pueblo decisiones de trascendencia nacional”. Y resulta que el Senado negó la consulta, ¿qué pretende el presidente? Ir contra la Constitución y desconocer las decisiones de otra rama del poder, el legislativo, ¿tan importante como el ejecutivo y el judicial?

Además, la razón de ser de la consulta, según dijo Petro inicialmente, era lograr que el pueblo pidiera la aprobación de la reforma laboral que el gobierno había presentado; hoy está casi listo para aprobación en el Senado un proyecto de reforma que incluye la mayoría de las propuestas del gobierno y en la conciliación se espera se pongan todos de acuerdo. ¿Será que las intenciones del presidente no son propiamente la reforma?

¿Finalmente ¿será que al presidente no le importa que en semejante crisis financiera se gasten $700.000 millones de pesos para satisfacer sus caprichos?

*Cecilia Reyes de León. E-mail: fundparticipar@yahoo.es