Delgados y peligrosos límites entre  conspiración y libertad de expresión

La revelación de tres audios atribuidos al excanciller Álvaro Leyva Durán detonó un terremoto político que sacudió los cimientos de la Nación y puso en jaque la estabilidad del Estado de Derecho en Colombia.

En grabaciones, las cuales habrían sido captadas en un restaurante de Nueva York, Leyva incrimina al presidente Gustavo Petro como responsable del colapso del orden público y propone un “acuerdo nacional” con el ELN y el Clan del Golfo, políticos y personas con figuración nacional, para sacarlo de la Presidencia.

La magnitud de esas palabras vertidas en los registros digitales y expuestos al público desdibuja los delgados y peligrosos límites entre conspiración y libertad de expresión.

El primer fragmento exhibe a un Leyva que defiende encuentros con legisladores republicanos de Estados Unidos —Marco Rubio, Mario Díaz‑Balart y Carlos Jiménez— con el propósito de “sacar a ese tipo, que es el que presionó las elecciones”.

Esa afirmación recarga la sospecha de intromisión extranjera en la soberanía nacional y toca de forma directa al Jefe de Estado, porque la insinuación de un complot contra Petro desata una desconfianza que trasciende el debate y obliga a replantear los controles institucionales.

Las menciones a la vicepresidenta Francia Márquez y a los precandidatos presidenciales Vicky Dávila y Miguel Uribe Turbay, agravan la explosiva exposición mediática que ha tenido este tema, máxime si su denuncia no se hizo en Colombia, sino en El País de España, con lo cual se intensifica la presión y obliga a funcionarios y precandidatos a dar explicaciones claras.

La Fiscalía General de la Nación confirmó el 12 de junio la apertura de una investigación después de que Petro entregara las grabaciones en presencia del Ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.

El despacho de la Fiscal, Luz Adriana Camargo, mantiene el caso bajo reserva legal para determinar si las conversaciones constituyen delito o se limitan a expresiones privadas sin valor probatorio.

Mientras Petro asiste a un evento en España sobre financiación para el desarrollo, exige verificación rigurosa del contexto y del contenido de los audios, pero acusó al Fondo Monetario Internacional de presionar con políticas contrarias a la lucha antidrogas y cuestionó el rol de los países consumidores de alcaloides.

Con esa estrategia buscó desplazar la atención de la controversia interna, pero dejó un vacío en la conducción política. En Bogotá, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, asumió la representación institucional, su trabajo servirá de termómetro para medir la cohesión de un gabinete dividido entre contención política y defensa del Ejecutivo.

Desde varias trincheras, amigas y de oposición, se calificó este caso como “muy grave” y existe estupefacción ante la posibilidad de que un alto exfuncionario promueva un complot contra el Presidente.

El episodio de Álvaro Leyva converge en una encrucijada. Las autoridades deben definir si sus palabras grabadas configuran una conspiración para tumbar al Presidente o se ciñen al ámbito de la opinión privada, porque el momento histórico demanda lucidez y firmeza en las decisiones que serán tomadas.