Cuando el remedio terminaría siendo peor que la enfermedad

Por: Mariana Ballestas Herrera*

La confianza no se improvisa, se construye, se mantiene y, sobre todo, se debe respetar. En Colombia, esa credibilidad ha sido la base sobre la cual se han desarrollado los grandes proyectos de infraestructura. No hablamos solo de vías, puertos o trenes, hablamos de compromisos de largo aliento que movilizan capital privado, respaldo institucional y expectativas ciudadanas. En este contexto, las vigencias futuras no son una formalidad técnica, son el instrumento que permite convertir los planes en obras tangibles.

Por eso genera profunda preocupación la intención del Gobierno Nacional de expedir un decreto que permitiría aplazar las vigencias futuras de proyectos bajo esquemas de Asociación Público-Privada (APP). Lejos de ser una simple medida administrativa, esta modificación tendría implicaciones estructurales sobre la estabilidad jurídica del modelo y pondría en entredicho la palabra del Estado colombiano. Lo que pretende solucionarse con una medida de corto plazo podría, en la práctica, desencadenar un problema mayor, debilitar la confianza institucional en uno de los sectores que más requiere certezas para operar.

Cuando un gobierno altera los términos pactados sin procesos transparentes ni consensos técnicos, lo que se deteriora no es solo la relación con los inversionistas. También se debilita el vínculo con los territorios, ¿cómo sostener el respaldo social cuando se interrumpe la cadena de cumplimiento que ha sido clave para construir legitimidad?

Desde el trabajo en campo sabemos que una obra no avanza únicamente con estudios, permisos y maquinaria. Avanza cuando existe respaldo social, cuando las comunidades se sienten parte de la transformación y confían en que lo prometido se cumplirá. Esa licencia para operar no nace de un contrato, sino del diálogo permanente, la transparencia y la capacidad tanto del Estado como del sector privado para convertir los compromisos en acciones.

Esta decisión, además, llega en un momento crítico para el país. Colombia necesita acelerar la ejecución de proyectos, dinamizar la economía y fortalecer su red de conectividad. Aplazar los compromisos presupuestales no solo pone en riesgo obras específicas, sino que introduce un factor de incertidumbre que afecta el ambiente general de inversión. No basta con promover discursos de reactivación mientras se envían señales contradictorias a quienes aún están dispuestos a apostarle al país.

Respetar lo acordado

Las regiones no necesitan más demoras, requieren reglas claras, decisiones coherentes y una planificación que trascienda los ciclos políticos. La infraestructura no puede seguir siendo víctima de giros improvisados ni de criterios coyunturales, cada suspensión, cada paso atrás, representa una oportunidad perdida para generar empleo, cerrar brechas y mejorar la calidad de vida de miles de personas.

Colombia ha avanzado gracias a un modelo que, con todos sus retos, ha permitido conectar zonas históricamente marginadas, atraer inversión y fomentar el desarrollo regional. Debilitar esa base sin una alternativa clara y consensuada no solo es un error estratégico, es un retroceso institucional.

Respetar lo acordado es una muestra de seriedad, es la forma más eficaz de garantizar continuidad, atraer nuevos proyectos y construir un entorno confiable para todos los actores involucrados, porque si algo ha quedado claro, es que sin confianza no hay inversión. Y sin inversión, el desarrollo seguirá siendo una promesa aplazada.

*Politóloga y directora del área de Licencia para Operar en IDDEA Comunicaciones