Crisis en Páramo de Santurbán

Por: Jorge E. Solís

Desde hace más de 15 años, esta vasta y rica zona minera y acuífera, con un promedio de más de 35.000 habitantes, vienen sufriendo los embates de las políticas de los diferentes gobiernos que han generado alteraciones sociales por la toma de medidas que afectan el sistema de vida que data de más de 400 años, centrada en una economía minera.  De otro lado están los defensores del agua que abastece de este preciado líquido a más de 3.5 millones de habitantes, considerando que las multinacionales mineras allí instaladas acabarían con su explotación, los ricos nacimientos de agua, con efectos nefastos.

Este dilema llevó a la división de la población en 2 bandos, donde cada una justifica sus posiciones con razones de peso, sin que se haya podido concertar acuerdos neutrales que beneficien a ambas partes. La delimitación del páramo en sus inicios fue rechazada de manera radical, por su improvisación, falta de socialización y los efectos negativos en la población en general, que considera que no debe existir delimitación, sino protección del páramo en general.  El Ministerio de Medio Ambiente sacó la Resolución 0221 de 2025 que crea una zona de recursos naturales renovables de carácter temporal.

Existe controversia por la interpretación que se le ha dado a esta resolución.  Luis Jesús Gamboa, de la Plataforma Cívica para la Defensa del Agua en Santurbán, afirma que “en estas 70.000 hectáreas, no se afectan en nada las actividades de pesca, agricultura y turismo, entre otras, por lo que no es cierto que se perjudique la pequeña minería, quienes puede continuar con sus trámites y actividades, sin que se genere ilegalidad como se afirma, ya que el decreto es muy claro y preciso.  Se espera que el Gobierno elabore estudios en hidrografía e hidrogeología, buscando la protección de la zona de recarga hídrica”.

De otro lado, con una “Totelatón”, en Vetas, se declararon en desobediencia desde el pasado 3 de marzo.  Los mineros exigen la revocatoria de la resolución 0221, exigiendo una consulta directa sobre el futuro de la minería, considerando que la ciudadanía es la que debe decidir sobre esta prohibición que está imponiendo el Gobierno Nacional. Por esta razón exigen a la alcaldesa Angélica García y al Concejo, para convocar una consulta pública, como un derecho constitucional, así lo manifestó el propio presidente Petro.

Se piensa que es un exabrupto socializar un proyecto de conversión productiva, afín de que las comunidades abandonen la minería y adopten otras actividades económicas de la noche a la mañana. En general se culpa a los últimos gobiernos que han tratado de implantar políticas mal llamadas de “protección” en esta zona, desembocado conflictos internos por falta de una socialización adecuada de beneficio común que brinde garantías a la población en general, ávida de soluciones con sentido social, permitiendo con ello poner fin a esta crisis.