Criminal desangramiento al bolsillo del Estado y del pueblo por parte de las EPS
Resumen
Las EPS en Colombia acumulan una deuda de 32,9 billones de pesos, reflejando un sistema que prioriza ganancias sobre la calidad del servicio de salud. La falta de transparencia, supervisión y respuestas del Estado complica la crisis, urgida de una reforma estructural.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La acumulación de una deuda superior a 32,9 billones de pesos por parte de 29 Entidades Promotoras de Salud, EPS, en Colombia, no es una falla accidental, es la manifestación más cruda de un sistema que privilegia los márgenes de ganancia de intermediarios antes que la vida de millones de colombianos que reciben un pésimo servicio en salud.
La Contraloría General de la República acaba de confirmar lo que hemos denunciado hace años, que el modelo de aseguramiento basado en la figura de las EPS colapsó y amenaza con descapitalizar por completo a hospitales, laboratorios y clínicas.
La responsabilidad recae, en primera instancia, sobre los directivos de las EPS. Estos personajes alentaron, por acción u omisión, prácticas de subdeclaración de costos y dilación en los pagos, favorecidos por la opacidad de un sistema que carece de mecanismos efectivos de fiscalización interna y una corrupta conducta en su manejo.
Ninguna de estas empresas ha rendido cuentas a la sociedad de manera clara y transparente, mientras sus accionistas recogen dividendos millonarios, que dejan de llegar al servicio d ellos ciudadanos que pagan sus aportes y los dineros por copago.
Esa opacidad, lejos de ser fortuita, es fruto de redes de influencia que mantienen a raya a los supervisores del Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud, ya sea con documentación incompleta o dándoles largas para cerrar informes, o ‘calentándoles la mano’ para que hagan su trabajo a paso de tortuga.
El Estado, por su parte, es cómplice por inacción. Las obligaciones transferidas a la Administración Nacional se han cumplido, las partidas presupuestales llegaron en su totalidad, pero nunca se exigió un plan de saneamiento financiero riguroso.
El Congreso de la República prolongó la vigencia de un modelo inviable en múltiples proyectos de ley, su mullida tibieza legal permitió que las EPS sigan con pasivos acumulados con la certeza de que, al final, el dinero, otra vez, saldría del bolsillo del contribuyente.
Es inadmisible que la política de salud siga supeditada a cálculos políticos antes que a criterios técnicos y es injusto que el colapso financiero de las EPS golpee con especial saña al nivel subsidiado.
Las poblaciones vulnerables enfrentan retrasos en cirugías, desabastecimiento de medicamentos y suspensión de servicios de imágenes diagnósticas y asignación de citas.
La salida no es más de lo mismo. Proponer parches regulatorios o inyecciones gubernamentales temporales sólo prolongará la agonía de estas entidades, que son vampiros que succionan el dinero público sin recibir castigos judiciales
Colombia necesita una reforma estructural a la salud que defina con claridad funciones, recursos y responsabilidades, porque es preciso eliminar la intermediación privada y trasladar la administración directa de los recursos a entidades territoriales con supervisión ciudadana.
No hay tiempo que perder. Los Santos Oleos están en el borde de la cama y cada día de demora se traduce en vidas paralizadas y en la muerte silenciosa de la salud pública.
