Cosecha de papa está perdiéndose y no hay dónde venderla a precio justo

Una cotidiana frase reza que ‘El Campo es el Futuro de Colombia, pero es sólo eso, un enunciado que está a años luz de la realidad que viven en el corazón rural de Santander las familias que dependen de la papa, porque enfrentan un colapso por la competencia desleal de importaciones y la falta de respuestas estatales eficaces.

La crisis se manifiesta en fincas pequeñas donde la producción deja pérdidas claras. Productores invirtieron recursos en fertilizantes, semillas y transporte y reciben pagos que no cubren costos básicos.

Los márgenes resultan negativos, la capacidad de pago se deteriora y la viabilidad de las explotaciones familiares corre riesgo. El ingreso por cosecha resulta insuficiente para cubrir costos y asegurar inversión futura, situación que obliga a los agricultores a asumir deudas y a reducir siembras en campos que sostienen economías locales.

La presencia masiva de papas provenientes del exterior modifica radicalmente el mercado local. Comercialización a gran escala, entrada de empaques a precios bajos y prácticas de compra que favorecen a cadenas mayoristas e intermediarios, desplazan la oferta campesina.

Todo esto trae como consecuencia la inevitable destrucción del empleo rural, abandono de parcelas y debilitamiento del tejido social regional el cual ha sustentado comunidades durante generaciones.

Para darle mayor fluidez a la venta de la papa producida en la región, es menester que  las autoridades activen controles fitosanitarios rigurosos, sobre todo  para el tubérculo que ingresa desde el Ecuador, revisar permisos de importación y cumplimiento de normas comerciales.

Además, resulta indispensable diseñar mecanismos de apoyo temporal que permitan mantener la producción mientras se implementan soluciones de largo plazo ya que, por ahora y como placebo, se han ‘inventado’ las ‘papatones’ para vender al por mayor, pero esas propuestas no eliminan la raíz del problema.

Está  claro que, como en muchas partes del país, en Santander la ausencia de una política agrícola coherente que asegure precios justos y fomente valor agregado en origen, hace que la cosecha de papa esté perdiéndose y no haya dónde venderla a precio justo.

Los consumidores de papa  santandereana tienen un rol decisivo al preferir el producto regional, pero la presión ciudadana no sustituye la obligación estatal de proteger la producción y el empleo rural.

Las medidas urgentes deben incluir control fronterizo eficaz, protocolos fitosanitarios estrictos, esquemas de crédito a tasas blandas, incentivos para comercialización local y programas de formación técnica que aumenten productividad y valor agregado en el origen.

Se requiere, además, un plan de compra pública que priorice productores locales, alianzas entre Gobiernos territoriales y canales de comercialización que reduzcan intermediación y mejoren precios en origen, porque si el Estado no actúa ahora, la próxima cosecha no generará sólo una enorme pérdida económica, sino será la prueba irrebatible de que la responsabilidad pública cedió ante la indiferencia.