Corrupción en todas las esferas hace que el país tuerza su norte

La corrupción se presenta en la actualidad en Colombia como una herida abierta que amenaza la gobernabilidad y agota la paciencia ciudadana, debido a  la gran cantidad de procesos judiciales que involucran a personas cercanas al poder, con lo cual queda al descubierto un problema que se ha ‘normalizado’ y si las instituciones ceden ante prácticas opacas, la República pierde su norte.

En días recientes la Fiscalía solicitó casa por cárcel para los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco dentro del expediente de la Unidad  Nacional para la Gestión del Riesgo, UNGRD, donde se investiga un presunto direccionamiento de contratos, para congresistas y particulares, por miles de millones de pesos.

La misma investigación registra prófugos que refuerzan la severidad de los hechos. De  forma  paralela, la Fiscalía pidió medida de aseguramiento intramural contra Nicolás Petro, hijo del Presidente Gustavo Petro, por presuntas irregularidades en la contratación del Atlántico, solicitud que eleva el conflicto del terreno judicial al político.

Se suma la citación a interrogatorio del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por la compra del apartamento 901, caso que plantea dudas sobre intermediaciones y valores de mercado, que es lo que se investiga, si se declaró menos del valor real y de donde salió el dinero, porque la credibilidad de una empresa estratégica como Ecopetrol no puede depender de sombras sobre transacciones personales.

Así mismo, el Consejo Nacional Electoral, CNE, sancionó a la campaña Petro Presidente por exceder topes de financiación, decisión que representa un hito en los controles al financiamiento político y que abre la puerta a la investigación en la Comisión de Acusaciones de la Cámara.

Claro está que la presunción de inocencia permanece. Ahora le corresponde al sistema judicial resolver con celeridad y con garantías. Sin embargo, la responsabilidad moral del Gobierno trasciende el ámbito jurídico. La administración debe demostrar, no por declaraciones, sino por acciones efectivas, que su prioridad es la transparencia.

La negación o la simplificación del problema solo profundiza la herida institucional. La contratación pública requiere reglas estrictas y controles exhaustivos. Cuando la maquinaria estatal se usa para fines partidistas, el daño afecta a la sociedad entera.

Aquí hay un entramado de recursos bloqueados, políticas truncas y pérdida de confianza. El país necesita, más que nunca, señales de contrición y medidas concretas como remoción de funcionarios cuestionados, revisión integral de los procesos de contratación y colaboración plena con los entes de control.

La justicia debe avanzar sin favoritismos y los actores públicos deben someterse al escrutinio. Solo así se podrá recuperar la legitimidad que un día permitió soñar con cambios profundos donde se erradique la corrupción y se condene a quienes la fomentan. Caiga quien caiga

La clase política debe entender que la impunidad no es alternativa; el país reclama urgentemente instituciones fuertes, fiscalización independiente y castigo proporcional a la falta. Sin ello, la promesa de renovación quedará en letra muerta y verdad distorsionada.