Consulta presidencial es un botadero de dinero y un desgaste para el electorado

La llamada Gran Consulta por Colombia 2026, mediante la cual algunas colectividades políticas escogen a  su candidato  único para participar  en la primera vuelta de la elección presidencial, nació como un mecanismo para fortalecer la democracia interna de los partidos, pero en la  actualidad enfrenta un dilema que no puede ignorarse y es la duda sobre  su legitimidad política y costo económico para el país.

Las consultas interpartidistas del próximo 8 de marzo se realizarán sin la presencia de tres de los aspirantes que encabezan la intención de voto y que les  sacan años luz de ventaja a quienes quieren enfrentarlos en la votación del próximo 31 de mayo.

En el orden de los porcentajes de las encuestas preliminares aparecen Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo, quienes competirán de manera directa en la primera vuelta presidencial.

Esa ausencia en la consulta desfigura el propósito original de la misma, porque consiste en medir fuerzas reales dentro de cada bloque ideológico y proyectar candidaturas con opción alta de triunfo.

Sin la  participación de las figuras que concentran cerca de un tercio o más del respaldo ciudadano, el resultado de las consultas difícilmente reflejará el mapa electoral definitivo.

En la izquierda, la exclusión de Cepeda por decisión del Consejo Nacional Electoral fracturó la aspiración de unidad del sector y abrió una disputa interna que puede desembocar en candidaturas paralelas.

En el mal llamado centro, la negativa de Fajardo a participar dejó a Claudia López prácticamente sola en su apuesta. En la derecha, la competencia es más nutrida, pero ocurre sin Abelardo de La Espriella, quien figura como segundo en varias mediciones legales.

Las consultas cumplen una función democrática valiosa cuando ordenan la oferta política. No obstante, también implican una  gran inversión de  recursos públicos, además, con la reposición de votos superior a ocho mil pesos por sufragio válido, el incentivo económico resulta llamativo.

Varios aspirantes presidenciales con registros inferiores al dos por ciento en las encuestas encuentran en este escenario una plataforma de visibilidad y financiación, más que una ruta real hacia la Casa de Nariño.

Las encuestas recientes, elaboradas por firmas como Guarumo, el Centro Nacional de Consultoría y Atlas Intel, muestran un panorama abierto y con alto nivel de indecisos. Sin embargo, la tendencia ubica a los ausentes de las consultas en posiciones de ventaja para la primera vuelta. Este contraste obliga a preguntarse si el país está ante un ejercicio de depuración democrática o ante un procedimiento fatuo que perdió capacidad de incidir en la contienda principal.

En Colombia se necesitan reglas claras, coherencia institucional y responsabilidad en el uso de los recursos públicos, porque la consulta presidencial es un botadero de dinero y un desgaste para el electorado.

Las consultas deben ser instrumentos para fortalecer proyectos políticos sólidos, no vitrinas pasajeras ni mecanismos de financiación indirecta.

La discusión no es ideológica, sino ética y administrativa. El desafío consiste en garantizar que cada peso invertido en el proceso electoral contribuya a consolidar una competencia transparente y representativa.