¿Consulta popular sobre una ley aprobada?

El presidente Gustavo Petro está preso en su laberinto por un ministro de lo más corrupto que haya conocido Colombia, el patán y bandido Armando Benedetti. Ese cachifo es el responsable de la adicción del presidente que logro vencer su voluntad. Convencer a Petro de que, a pesar de todo, deben convocar la consulta popular, es un despropósito.

La Comisión Cuarta del Senado aprobó en tercer debate el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno nacional, y se prevé que sea aprobado por el congreso, y sancionada la reforma por el presidente Petro antes del 20 de junio del presente año, con lo cual se cerraría el capítulo en el poder legislativo. Sin embargo, el presidente insiste, mal asesorado, en convocar una consulta popular para que ¿el pueblo? Se pronuncie sobre unos artículos de una ley que, presumiblemente, ya estará aprobadas por el congreso.

La pregunta es inevitable: ¿Qué pasa si el congreso aprueba la reforma laboral y, posteriormente, el pueblo la rechaza en una consulta popular, o no se alcanza el umbral requerido para su aprobación, y no produce los efectos jurídicos? ¡Se perdería la confianza en las instituciones!

El congreso de la república no es una estación de paso en el camino a la voluntad popular. Es el instrumento que representa al pueblo a través de sus congresistas. Si se aprueba una ley es la expresión legitima y legal del poder popular como institución.

Supongamos lo peor para el gobierno: la consulta se realiza y el pueblo rechaza los artículos aprobados por el congreso. ¿Qué pasa entonces? ¿Queda sin efectos una ley valida? ¿Se anula retroactivamente? ¿O se produce una contradicción entre la acción del congreso y la decisión en las urnas? La Constitución no establece que una ley aprobada por el congreso pueda ser derogada por consulta popular El mensaje que el gobierno le estará enviando al país es el de que: “si el congreso no me da lo que quiero, entonces apelo directamente al pueblo”, con lo que se debilitaría el equilibrio de poderes que protege nuestra democracia. El poder legislativo se convierte así en un estorbo, no en un apoyo de la república.

Peligrosísimo que se cree el precedente de querer convertir a la consulta popular en un arma de presión, en vez de un mecanismo de deliberación ciudadana honesta y excepcional.

La insistencia del gobierno en convocar la consulta popular sobre una ley aprobada no tiene justificación jurídica, ni sentido político sano.

El verdadero fortalecimiento democrático no está en la consulta por la consulta, sino en el respeto por la institucionalidad, en la confianza del debate parlamentario y en el compromiso del país que requiere leyes firmes, y no campañas y alegatos permanentes.