Congreso está en deuda con Colombia por enmarañar reformas fundamentales

Mientras la demografía anuncia certezas incómodas, el Congreso se mantiene en estado de inmovilidad deliberada y Colombia paga una cuenta que, con el paso de los años, puede resultar demasiado onerosa.

Las bancadas que bloquearon reformas esenciales para jóvenes, adultos mayores y el sistema de salud escogieron el cálculo partidista por encima del bienestar común. Esa elección no responde a prudencia ni a debate técnico. Responde a intereses que privilegian ostentación de poder.

La caída del 12% en la natalidad, según el último reporte del DANE, no es un indicador aislado ni un dato neutral. Constituye una advertencia. La población envejece y la presión sobre pensiones, servicios de salud y redes de protección social aumentará con enormes costos financieros.

Frente a esa realidad, el Legislativo ofreció escenarios de inacción cuando tenía la obligación de proponer soluciones estructurales. La reforma a la salud, diseñada para corregir fallas en cobertura y financiamiento, encontró su fin en la Comisión Séptima del Senado.

Nueve votos por el archivo frente a cinco por la continuidad marcan una decisión política que sacrifica la capacidad estatal para garantizar atención digna. No se trata sólo de números en una votación. Se trata de vidas que quedan fuera del alcance del sistema que exhibe fragilidades.

Las puertas cerradas a reformas laborales y de protección social replican el mismo patrón. Ponencias negativas y retrasos en comisiones transforman iniciativas públicas en expedientes olvidados.

La democracia pierde vigor cuando la técnica se somete a maniobras que neutralizan alternativas de estabilización para jóvenes trabajadores, que hoy enfrentan empleos precarios y un futuro incierto.

Negar reformas sociales implica hipotecar el futuro de los sectores más vulnerables. El archivo de propuestas que buscan reordenar recursos y garantizar servicios esenciales equivale a renunciar a políticas preventivas que reducirían costos y dolores a futuro.

Pedirles a los jóvenes que tengan hijo, desde el Congreso, cuando su vida, salud, trabajo y futuro son inciertos, suena irónico, porque desde el mismo Parlamento se niegan posibilidades de que el presente tenga las garantías para que puedan proyectar su descendencia.

No se trata de exigir o demandar la realización de debates públicos y auditorías que expongan procesos. La exigencia de acceso a vivienda digna, empleo estable y salud universal no admite comportamientos ambiguos por parte de Congresistas guiados por egoísmos políticos.

La opción correcta sería abrir mesas de discusión, priorizar reformas que atiendan el envejecimiento de la población y la precariedad juvenil, y establecer mecanismos efectivos que le garanticen a las nuevas generaciones salud, trabajo y seguridad en la vejez.

Si la obstrucción por retaliaciones política persiste, la brecha entre poderes crecerá hasta convertirse en quiebre institucional. Colombia merece un Congreso que legisle en favor de la vida y de la justicia social.

Exigir elecciones locales limpias, fortalecer la participación juvenil mediante instrumentos legales de control social y promover auditorías independientes son medidas imprescindibles.

La sociedad no tolera más demoras ni silencios cómplices, porque el Congreso está en deuda con Colombia, dedicado a enmarañar reformas que son fundamentales para la vida.