Colombia sin reacción ante violenta arremetida terrorista
Resumen
Los recientes ataques terroristas en diferentes ciudades de Colombia evidencian la falla de la política de seguridad del gobierno de Gustavo Petro, mostrando la impotencia estatal y la necesidad urgente de medidas efectivas para contener la creciente violencia.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Los atentados terroristas de los últimos días en Cali, Valle; Amalfi, Antioquia; y Florencia, Caquetá; son una prueba fehaciente de que el país se le salió de las manos al Gobierno de Gustavo Petro Urrego y los planes de choque para neutralizar la violencia no se ven en el horizonte.
La sucesión de ataques con explosivos y el derribo de una aeronave policial exponen la quiebra de la seguridad nacional y la incapacidad del Ejecutivo para contener la ola de terror que golpea a la ciudadanía.
La noche y la madrugada del 21 y 22 de agosto de 2025 registraron ataques que dejaron decenas de muertos y numerosos heridos. En Cali, un artefacto detonó cerca de la base aérea Marco Fidel Suárez y provocó seis muertos y setenta y un heridos, según el recuento oficial.
En Amalfi, Antioquia, un helicóptero policial fue derribado en un ataque con drones que costó la vida a trece uniformados y heridas a otros diez, en la madrugada del viernes, en Florencia, Caquetá, una explosión cerca de la Alcaldía generó pánico y daños a locales comerciales.
La magnitud y la coordinación aparente de los atentados ponen en evidencia fallas graves en política de seguridad. No existe defensa convincente cuando delincuentes armados logran atacar instalaciones militares, derribar aeronaves y detonar artefactos a pocos metros de sedes administrativas.
El Estado no puede continuar con esa exhibición de impotencia frente a quienes siembran terror. La responsabilidad política recae en el Gobierno nacional. La administración de Gustavo Petro prometió transformaciones profundas en materia de paz y seguridad, y no se han logrado.
Lo inaceptable de estos crímenes de lesa humanidad, porque está inmiscuida la población civil, es la mezcla de ingenuidad política y desatención operativa que permite que la violencia recupere terreno.
No basta con declaraciones emotivas del Presidente. Se requieren acciones visibles como despliegue de unidades especializadas, reforzamiento de inteligencia, colaboración con agencias internacionales y programas claros para cortar la financiación criminal.
Si el Gobierno mantiene la pasividad, la fractura institucional y la impunidad crecerán. Las víctimas merecen respuestas, no excusas. Y las familias de civiles afectados y asesinados, uniformados muertos y comerciantes damnificados, deben exigir justicia efectiva.
La indiferencia o la demora en contraataques efectivos, el no emprender acciones para la captura o neutralización de los criminales y la falta de prontitud en operaciones para brindarle seguridad a los colombianos, equivalen a complicidad con quienes agreden.
La comunidad internacional, el Congreso de la República y desde los territorios, que son los más afectados en esta confrontación fratricida, deben exigir medidas urgentes para recuperar el país y que se dejen de lado la retórica eufemística y los debates sin sentido.
Este es el momento de recuperar la seguridad de la República, de frenar la expansión de disidencias y grupúsculos de narcoterroristas que operan con impunidad y de restaurar la confianza del pueblo en el monopolio legítimo de la fuerza y de las armas.
