Colombia debe enfrentar el terrorismo sin mesas de diálogo ni gestores de paz
Resumen
La sociedad demanda una respuesta firme frente al terrorismo en Colombia, rechazando mesas de diálogo y exigiendo que el Estado recupere el control con medidas efectivas y fortaleciendo las instituciones para proteger a la población.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Aún no se disipa la humareda de las explosiones que sacudieron una zona concurrida de Cali y el derribamiento del helicóptero Black Hawk en Amalfi, Antioquia, cuando ha emergido el clamor de la sociedad que reclama que Colombia debe enfrentar el terrorismo sin mesas de diálogo ni gestores de paz, y con toda la fuerza del Estado.
Con este accionar terrorista queda muy claro que las organizaciones criminales no buscan causa política. Buscan ganancias y poder. Quien venda otra narrativa desconoce la brutalidad de esos grupos o actúa con mala fe. ¿O complicidad?
Los autores de estos actos comercian con la muerte. Sus herramientas incluyen explosivos, drones y redes de corrupción. Es inadmisible que, en pleno Siglo XXI, estructuras delictivas operen con impunidad en territorios donde el Estado permitió la reproducción del delito.
El proceso de diálogo impulsado por el Ejecutivo fracturó la lógica de la seguridad. El Gobierno cedió más de lo razonable sin exigir desmantelamiento efectivo, controles verificables ni garantías reales de desmovilización.
La Fuerza Pública merece respaldo total. Su labor necesita mandos coherentes, recursos suficientes, inteligencia profesional y equipos que neutralicen amenazas tecnológicas.
No se trata de militarizar la vida civil. Se trata de dotar a las instituciones de fuerza para proteger a la población. La desmotivación de soldados y policías procede de decisiones políticas que no priorizaron la seguridad real y algunos fueron puestos de carne de cañón.
El Estado debe recuperar el monopolio legítimo de la fuerza. Eso exige medidas simultáneas, despliegue sostenido en zonas de alto riesgo, investigación judicial implacable contra autores y financistas, coordinación interinstitucional real entre inteligencia, Fiscalía y autoridades locales y medidas económicas que ahorquen el flujo de los recursos malditos del narcotráfico.
Es tan fácil establecer con seriedad y contundencia que quien detente poder armado sin control debe enfrentar la justicia con el peso de la ley y no con gabelas que le permitan en su vida visible comportarse como ciudadano arrepentido y en sus acciones invisibles seguir en con las mismas actividades criminales.
La sociedad reclama coherencia. Las víctimas demandan reparación y seguridad. Los funcionarios que fallaron deben rendir cuentas. El Congreso debe fiscalizar de manera urgente la estrategia de seguridad y exigir planes alternativos si el actual fracaso persiste.
Proponemos y exigimos un plan nacional de seguridad con plazos claros: reestructuración de mandos, fortalecimiento de inteligencia humana y tecnológica, aumento inmediato del presupuesto en logística y protección civil, creación de unidades especializadas en lucha contra dispositivos explosivos y drones, y una política de persecución financiera que cierre las rutas del dinero ilícito.
Además, someter a evaluación pública los acuerdos de diálogo que carezcan de mecanismos de control verificables. Además, cooperación internacional para inteligencia y control de fronteras, formación técnica a fuerzas locales, protección de líderes comunitarios, programas de sustitución productiva y sanciones a empresas cómplices.
Colombia no puede tolerar más muertes. El Estado tiene que cumplir con su deber de proteger vidas, castigar crímenes y restituir la paz real, no los atajos que hoy alimentan esta inadmisible barbarie.
