Castigo ejemplar para los corruptos vinculados con el caso de la UNGRD

En días pasados la Policía Nacional detuvo a los expresidentes del Senado de Colombia, Iván Leónidas Name Vásquez, y de la Cámara de Representantes, Andrés David Calle Aguas.

Ambos enfrentan cargos por su presunta participación en una red de sobornos destinada a asegurar los votos para la aprobación de reformas clave del actual Gobierno nacional.

La Justicia respeta la presunción de inocencia. Sin embargo, ese principio no convierte estos hechos en un asunto exclusivo del ámbito penal. Ese golpe a la representación nacional obliga a un escrutinio más allá de los pasillos judiciales.

Las investigaciones revelan que los sobornos provinieron de partidas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, originalmente previstas para fortalecer la respuesta ante emergencias naturales, pero que terminaron en manos criminales.

Según diligencias preliminares, los montos superan los mil millones de pesos y circularon mediante montajes administrativos. Esta desviación de fondos públicos compromete la esencia del órgano encargado de proteger a la población.

La opinión pública reclama respuestas transparentes y castigo ejemplar para los corruptos vinculados con el caso de la UNGRD, además porque la responsabilidad política recae de lleno sobre el Ejecutivo y sus aliados.

Altos funcionarios admiten el desembolso irregular y vinculan a miembros de la bancada de Gobierno en el carrusel de delitos. Esa implicación obliga al Presidente Gustavo Petro Urrego a rendir cuentas y a los partidos Verde y Liberal, a investigar a sus integrantes y a revisar sus mecanismos internos de control y disciplina.

La transparencia en el proceso legislativo pende de un hilo. La corrupción no se reduce a quienes reciben pagos ilegales. Incluye también a quienes los ofrecen y a los encargados de transportar las maletas con billetes.

En este caso, ese rol corresponde a funcionarios encargados de asignar recursos estatales. Ignorar esa realidad mina la credibilidad de las reformas presentadas como ejes del cambio.

Desde el Gobierno se debe emitir un rechazo contundente y adoptar medidas ejemplares. No basta un comunicado oficial genérico, deben darse pesquisas con sanciones políticas, administrativas y disciplinarias.

El cumplimiento de este protocolo servirá de prueba de fuego para diferenciar la retórica de la acción frente a la corrupción. El país no admite compras de voluntades con recursos del erario.

Esa práctica socava la confianza ciudadana. Cualquier reforma pierde valor si su aprobación se consigue con coimas. La oposición y los dirigentes de la coalición oficialista tienen el deber de garantizar procesos limpios y restablecer la fe en las instituciones.

Esta crisis demanda una respuesta institucional ejemplar. El Estado debe demostrar madurez para afrontar sus propias fallas y actuar con claridad y rigor, para consolidar la integridad del sistema democrático.

Una reacción tibia alimentaría la impunidad y profundizaría el desencanto de la ciudadanía. La verdadera responsabilidad política emerge no sólo al celebrar triunfos, sino al afrontar errores.

Gobierno y partidos no pueden eludir su cuota de culpa. Sólo al asumir sus faltas se recuperará la confianza necesaria para avanzar en las reformas.